Después de cuatro años de ocultar a los ciudadanos la nacionalidad de los perceptores de ayudas sociales, el Gobierno vasco, formado por el PNV y los socialistas del PSE-EE, ha vuelto a darla. Los perceptores de origen extranjero fueron un 40% en 2025, cuando los residentes sin nacionalidad española en la región son poco más de un 10%. Es decir, una proporción del cuádruple. No vienen a pagarnos las pensiones, sino a que nosotros les abonemos las suyas.
La única diputada de VOX en el Parlamento vasco, Amaya Martínez, reclamó el dato al consejero de Economía y Empleo, el socialista Mikel Torres, que se lo entregó hace unos días. De las 54.247 personas que en 2025 recibieron la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), 32.510 tenían nacionalidad española y 21.737 tenían otra. Es decir, el 60% y el 40%, respectivamente.
La proporción de extranjeros ha aumentado en comparación a 2024. Entonces, ese porcentaje fue de un 34% y en 2025 aumentó en seis puntos, hasta tocar ese 40%. La principal justificación para que los españoles acepten el reemplazo poblacional es la de que los inmigrantes son imprescindibles para pagar las pensiones y mantener el Estado de Bienestar. La realidad es la opuesta. No sólo sufren una tasa de paro más alta que la de los españoles y cobran sueldos más bajos, sino que, además, reciben asistencia y subsidios en mayor proporción.
La RGI básica vasca no alcanza los 600 euros mensuales. A partir de esa cantidad, según las circunstancias familiares y laborales, va aumentando. Dos adultos, con un menor, pueden percibir más de 1.300 euros al mes. Dos adultos, con dos menores, superan los 1.500 euros. Si los menores son tres, la cantidad sube a casi 1.700 euros.
Como la RGI se considera salario social (de caridad) para quienes no tienen recursos o un complemento de las nóminas o pensiones bajas, la pueden percibir pensionistas. Dos pensionistas podrían sumar casi 1.400 euros..
La mitad del presupuesto para este año del Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, 688 millones de euros, se distribuirá a través de la RGI, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV).
La cuantía de estas ayudas es tan atractiva que ha convertido a la RGI en uno de los subsidios con mayor tasa de fraude de España. El caso más sorprendente fue el de Redouan Bensbih, un marroquí de 26 años afincado en Vizcaya, que murió en marzo de 2014 como combatiente yihadista en Siria. Durante cinco años cobró la RGI, más otra ayuda del Gobierno vasco (836 euros mensuales), y después la cobró una red de estafadores. Los servicios de la Administración no detectaron el fraude, ni incluso cuando Bensbih murió, ya que se siguió pagando hasta junio de ese año, según publicó El Correo Español.
Debido a las protestas, el servicio vasco de empleo, Lanbide, tuvo que establecer controles más severos. Los «pagos indebidos!, que en ocasiones corresponden a un mal funcionamiento de la Administración y en otras a fraudes, bajaron de 26,4 millones en 2024 a 14,8 millones en 2025. En los primeros meses de 2026, estos pagos han seguido disminuyendo: entre enero y abril sólo han ascendido a 6,3 millones de euros.
A pesar de que trabajan con dinero público, o quizás por ello mismo, el personal de Landibe no destaca por el cuidado que pone en él. Quizás porque los funcionarios están convencidos de hacer el bien.
