El Observatorio Estatal para la Dependencia ha desvelado que fallecieron casi 9.000 personas durante el primer trimestre de 2026 mientras aguardaban una respuesta del sistema público de atención. La entidad advierte de un deterioro progresivo del servicio, que atribuye a una creciente saturación estructural, agravada —según su análisis— por el fuerte incremento de la demanda en los últimos años, en un contexto de presión demográfica y llegada masiva de población extranjera que está contribuyendo al colapso del sistema.
En su informe más reciente, elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, se cifra en 271.556 el número total de personas atrapadas en listas de espera, una cantidad superior en más de 13.000 casos respecto al cierre del año anterior. Esta estimación contrasta con la ofrecida por el Ministerio de Derechos Sociales, que reduce el dato a 152.249 al excluir a quienes aún no han superado el plazo legal de seis meses.
El documento subraya que, de ese total, 118.716 ciudadanos todavía no han sido valorados, mientras que otros 152.840 ya tienen reconocido su derecho, pero continúan sin recibir la prestación correspondiente. La organización denuncia que esta forma de contabilizar «no refleja la realidad completa» y asegura que, manteniendo el ritmo actual, harían falta décadas —hasta 86 años— para eliminar completamente la lista de espera.
La crítica se intensifica al analizar los fallecimientos registrados: 8.996 personas han muerto en apenas tres meses sin haber recibido la atención necesaria. De ellas, 4.628 ni siquiera habían sido evaluadas, mientras que 4.368 sí contaban con el derecho reconocido, pero no llegaron a beneficiarse de él. Además, el impacto territorial es muy desigual, concentrándose cerca de la mitad de estos decesos en Cataluña (2.886) y Andalucía (1.567).
Desde el observatorio también se pone el foco en la calidad de las ayudas ofrecidas. A su juicio, el sistema está optando cada vez más por soluciones de bajo coste para incrementar artificialmente el número de beneficiarios atendidos. Esta estrategia, advierten, responde a la necesidad de aliviar la presión estadística sin resolver el problema de fondo, en un contexto de demanda creciente y recursos limitados.
Por su parte, la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, ha admitido que el peso de las prestaciones económicas dentro del sistema es posiblemente excesivo. No obstante, ha defendido que existe un compromiso por parte de las comunidades autónomas para reducir las listas de espera y reforzar progresivamente la oferta de servicios directos frente a las ayudas monetarias.
El observatorio concluye que el sistema de dependencia atraviesa una situación crítica, marcada por una sobrecarga constante que, lejos de aliviarse, continúa intensificándose debido a factores estructurales y demográficos que exigen, en su opinión, una reforma profunda y urgente.
