El Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) ha venido financiando a la organización separatista Òmnium Cultural con 300 euros anuales en 2015 y 2016, según el acta de la Asamblea del propio Colegio de fecha 26 de abril de 2016 a la que ha tenido acceso Confilegal.
Òmnium Cultural es una de las dos organizaciones separatistas, junto con Asamblea Nacional Catalana (ANC), implicadas en el intento de secesión de Cataluña que desembocó, el pasado 27 de octubre, en la aplicación del artículo 155 de la Constitución y en el cese del gobierno autonómico catalán encabezado por Carles Puigdemont y el Parlamento.El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, está actualmente en prisión preventiva acusado del delito de secesión junto con su homónimo de la ANC, Jordi Sánchez, por su participación en los hechos acaecidos el 20 y el 21 de septiembre, en los que una masa de gente supuestamente dirigidos por estas organizaciones, trató de impedir las 16 detenciones y los 40 registros que llevó a cabo la Guardia Civil en Cataluña.
Estas dos organizaciones han contratado, hasta ahora, 5 vuelvos chárter con destino Bruselas para la manifestación que tienen previsto organizar en la capital belga el 7 de diciembre para que la Unión Europea se implique en el “conflicto político” catalán.
Una cantidad ‘perdida’
La cantidad figuraba “perdida” dentro de un epígrafe genérico de instituciones a las que financiaba el ICAB, sin especificar quiénes ni cuanto.
La pregunta fue realizada por la colegiada Vanessa González, presidenta de ALTODO Cataluña. Y la contestación fue una ristra de organizaciones entre las que se entraba la “institución” Ómnium Cultural.
“Puede haber gente que diga que 300 euros -600 entre 2015 y 2016- no son nada. Pero sí que lo son porque lo que denota es una afinidad ideológica del Colegio con el separatismo. Y se ha hecho sin conocimiento de los colegiados, a nuestras espaldas, con total opacidad”, explica González.
Precisamente, la abogada se halla ahora recogiendo firmas entre sus compañeros de cara a la próxima asamblea del ICAB, que está prevista para el 19 de diciembre, con dos objetivos: exigir que no se financie ni un euro a Ómnium Cultural y para que se deje de ceder el Colegio para que esta asociación u otras afines realicen sus actos.
En este sentido, el ICAB fue muy criticado por Societat Civil Catalana, Llibertats y Abogados Catalanes por la Constitución por ceder el salón de actos del Colegio a ANC y Òmnium Cultural para la celebración del acto “Cop a l’Estat de Dret” (Golpe al Estado de Derecho), que tuvo lugar el pasado 21 de noviembre.
La decana del Colegio de Abogados de Barcelona, María Eugènia Gay.
“La decana, María Eugènia Gay, ha dicho que el Colegio no ha cedido el espacio sino que lo ha alquilado. No me vale. El Colegio no debe tomar partido por un independentismo que nos ha llevado a la peor crisis en 40 años de democracia. El Colegio debe ser neutral. Esto vamos a sacarlo en la Asamblea de diciembre”, añade González.
Los 600 euros de financiación a Òmnium Cultural en 2015 y 2016 se decidieron bajo el mandato del anterior decano, Oriol Rusca.
Ya condenados por el TSJCat
Bajo el mandato de Rusa, el ICAB fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) en sentencia de diciembre de 2016 por adherirse, en 2013, al llamado Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, que impulsaban los partidos que organizaron el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre.
De acuerdo con el fallo de la a Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCat, la Junta de Gobierno del ICAB había roto”con la neutralidad ideológica o política que se espera del Colegio Profesional”.El TSJCat consideró que el Pacto partía “de un posicionamiento ideológico claro”: que el pueblo de Cataluña es un sujeto político y jurídico y soberano, y por eso, con derecho a decidir sobre su futuro político colectivo.
“Dado que la colegiación es obligatoria para quien ejerce la abogacía, no deja otra opción a los colegiados que alinearse con la opción ideológica o política que el Colegio Profesional ha asumido”, añadía la sentencia del TSJCat.
Concluía afirmando que se había vulnerado “la libertad ideológica, de expresión y de asociación” de los colegiados y sentenciando que el ICAB debía abandonar dicho Pacto.
El CGAE tira de las orejas al ICAB
En fechas recientes, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), el órgano de gobierno de los 83 colegios de abogados de España, dio un tirón de orejas a la decana Gay por organizar una comisión de mediación sobre el conflicto político catalán -para “mediar” entre el Gobierno y el gobierno autonómico-.
La normativo, le recordó el CGAE a la decana Gay, en un informe jurídico que tiene fecha 23 de octubre, impide la mediación entre administraciones públicas.
De esa comisión formaba parte el presidente del Consejo de la Abogacía Catalana, que comprende los 14 colegios de abogados de esa Autonomía, Carles McCragh, decano a su vez del Colegio de Girona, institución que hizo público un manifiesto el pasado mes de septiembre apoyando el llamado derecho a decidir.