La prioridad nacional llega a la Comunidad Valenciana de la mano de VOX. Este martes 20 de octubre comienza a aplicarse la reforma de la Renta Valenciana de Inclusión, que endurece los requisitos de residencia para acceder a esta prestación pública. La medida, impulsada por ambas formaciones en las Cortes Valencianas, establece como norma general un mínimo de tres años de empadronamiento continuado para solicitar la ayuda, lo que dejará fuera a numerosos inmigrantes que no cumplan las nuevas condiciones.

La modificación supone la puesta en práctica de una de las principales exigencias de VOX en sus acuerdos con el PP: la denominada prioridad nacional. La formación de Santiago Abascal defiende que las administraciones deben tener en cuenta el arraigo y la vinculación con el territorio a la hora de distribuir los recursos públicos, especialmente en prestaciones sociales y vivienda. «Con VOX, los españoles primero», ha reivindicado el partido al responder a las críticas contra la reforma.

La nueva legislación exige acreditar tres años consecutivos de empadronamiento inmediatamente anteriores a la solicitud o diez años de residencia, continuada o interrumpida, durante los últimos treinta. Además, incorpora el principio de prioridad nacional para favorecer, según el texto legal, a quienes demuestren una vinculación real, prolongada y verificable con la Comunidad Valenciana. La normativa contempla excepciones para determinados colectivos vulnerables, entre ellos refugiados, personas sometidas a protección internacional y víctimas de trata o violencia.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido los cambios acordados con VOX y ha señalado que pretenden reconocer el arraigo de quienes mantienen una relación estable con la región. El dirigente popular también ha reivindicado la recuperación de la «cultura del esfuerzo», destacando que la reforma facilita la compatibilidad de la prestación con ingresos procedentes del trabajo y refuerza los compromisos de búsqueda activa de empleo.

La entrada en vigor de estas restricciones ha provocado el rechazo de organizaciones como València Acull y del sindicato CCOO, que denuncian posibles situaciones de «discriminación» contra la población inmigrante. Lucas Pérez, coordinador de València Acull, considera que el endurecimiento de los requisitos impedirá acceder a la prestación a numerosas familias extranjeras.

Frente a estas acusaciones, VOX ha defendido su propuesta y ha rechazado que la prioridad nacional constituya una medida racista. «Racismo es que los españoles que llevan cotizando toda su vida en España sean los últimos de la cola en las ayudas y servicios públicos», ha manifestado la formación, que considera necesario revisar los criterios de acceso a las prestaciones financiadas con recursos públicos.

La reforma también se enmarca en los acuerdos de PP y VOX sobre vivienda protegida. La Generalitat ha elevado de uno a cinco años el periodo de residencia habitual exigido en determinados procedimientos de adjudicación y prevé introducir nuevos criterios de arraigo e integración laboral y educativa. Estas disposiciones han suscitado dudas jurídicas sobre su compatibilidad con el principio de igualdad de trato reconocido por la legislación europea.