El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España, Óscar López, vuelve a estar en el centro de una polémica relacionada con la vivienda después de que Muface, organismo dependiente de su departamento, haya exigido el desalojo de un hombre de 74 años con una discapacidad reconocida del 33%. El afectado, llamado Manuel, reside desde su nacimiento en un inmueble de la calle Alcalá de Madrid, próximo a la plaza de toros de Las Ventas, y lleva quince años abonando el alquiler tras el fallecimiento de su madre. Sin embargo, la Administración considera que ocupa la vivienda sin un contrato vigente y le reclama que entregue las llaves.
Según ha desvelado Artículo 14, el origen del conflicto se remonta a mayo de 2011, cuando falleció Josefa, madre del afectado y titular de un contrato de arrendamiento de renta antigua firmado el 13 de febrero de 1950. Manuel asegura que comunicó entonces la muerte de su progenitora a la mutualidad y que modificó la cuenta bancaria utilizada para pagar tanto la mensualidad como los gastos del inmueble. Desde aquel momento, Muface habría seguido cobrando los recibos durante quince años sin cuestionar su permanencia en el piso, de 134 metros cuadrados y por el que llegó a pagar 1.040 euros mensuales.
La situación cambió el pasado 21 de mayo, cuando la mutualidad solicitó una fe de vida de Josefa, fallecida hacía ya tres lustros. Manuel respondió aportando el correspondiente certificado de defunción, pero apenas ocho días después recibió una comunicación oficial en la que se le exigía abandonar la vivienda. El organismo dependiente del Ministerio de Óscar López le concedió quince días hábiles para desalojar el inmueble, argumentando que carecía de un título jurídico que justificara su ocupación.
El enfrentamiento gira en torno a la subrogación del contrato original. La Ley de Arrendamientos Urbanos contempla que, bajo determinadas condiciones, los hijos que convivieran con el arrendatario puedan asumir su posición contractual tras su fallecimiento. No obstante, Muface sostiene que Manuel no formalizó la solicitud dentro del plazo legal y que tampoco consta una comunicación válida de la muerte de su madre en aquel momento. Por ese motivo, la Administración considera extinguido el arrendamiento y rechaza que los pagos posteriores hayan consolidado su derecho a permanecer en la vivienda.
La abogada del afectado defiende una interpretación completamente distinta. A su juicio, el hecho de que Manuel informara del fallecimiento, cambiara la domiciliación bancaria y continuara pagando puntualmente durante quince años permite sostener que se produjo una subrogación tácita. Su defensa considera que la conducta mantenida por la propia Administración resulta incompatible con la decisión de tratarlo ahora como un ocupante sin título.
El conflicto ha llegado ya a la vía administrativa. Manuel presentó alegaciones el 12 de junio y, posteriormente, interpuso un recurso de reposición el 29 de ese mismo mes. Sin embargo, Muface y el Ministerio de Transformación Digital rechazaron sus argumentos el 11 de agosto, manteniendo la exigencia de que abandone el inmueble. El afectado prepara ahora la posibilidad de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para intentar frenar la decisión.
La situación personal del inquilino añade un componente de vulnerabilidad al procedimiento. Manuel tiene reconocida una discapacidad del 33% desde 1996, padece dificultades visuales que se han agravado con los años y, según su entorno, carece de una alternativa residencial si finalmente debe abandonar su domicilio. Su defensa pretende trasladar estas circunstancias a los tribunales, además de insistir en que ha cumplido con sus obligaciones económicas durante los últimos quince años.
Este nuevo caso se conoce en medio de la controversia por otros procedimientos de recuperación de viviendas vinculadas a Muface. Además, el Ministerio de Óscar López aprobó el pasado diciembre el Plan Estratégico Muface Avanza2 para el periodo 2026-2028, que contempla la venta progresiva de los 204 inmuebles pertenecientes al patrimonio inmobiliario del Fondo Especial de la mutualidad. Entre estas propiedades se encuentran viviendas como la de Manuel, cuyo futuro queda condicionado a las actuaciones administrativas y judiciales.
De este modo, el departamento de Óscar López afronta un nuevo conflicto relacionado con sus viviendas públicas de renta antigua. Mientras Muface defiende que el contrato quedó extinguido por incumplirse los requisitos legales de subrogación, el afectado sostiene que la Administración conocía desde 2011 la muerte de su madre y aceptó durante años el cobro del alquiler. La resolución de esta discrepancia será decisiva para determinar si Manuel puede continuar residiendo en la casa en la que lleva más de siete décadas.
