El Gobierno ha anunciado la extinción de Diplocat y de las embajadas catalanas y el cese de los delegados de la Generalitat en Bruselas y Madrid.
«No cobran y no pueden firmar». Es la frase con que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dado por respondida la pregunta de qué pasará si Carles Puigdemont y Oriol Junqueras ignoran ese cese que se hace efectivo este sábado. La vicepresidenta, eso sí, ha preferido «no entrar» cuando la pregunta ha ido un paso más allá: ¿Qué hacer si se rebelan contra el cese, a quién corresponde ejercer la autoridad ante el Gobierno catalán?
Tras la comparecencia sin preguntas del presidente del Gobierno ha sido Sáenz de Santamaría la encargada de atender a los numerosos periodistas congregados en el Palacio de la Moncloa para conocer cómo comienzan a aplicarse las medidas del 155 aprobadas este viernes en el Senado. Cinco decretos entre los de cese, disolución del Parlament, convocatoria de elecciones, ETC, que firmarán esta misma noche y previsibles nuevas medidas en el tintero -el cese de Trapero, tras el cese del director general de la Policía Autonómica, no se descarta-.
Poco antes era Mariano Rajoy, acompañado de todos los ministros y del jefe de Gabinete Jorge Moragas, el encargado de describir el escenario post DUI: «El Gobierno ha adoptado ya las medidas necesarias para responder a unas decisiones que pretenden imponer por fuerza hechos consumados y el secuestro inadmisible de la mayoría de catalanes». Son estas, afirmaba el presidente del Gobierno, «horas de ánimos exaltados en las que importan la prudencia y la serenidad pero también la confianza en que el Estado dispone de los medios suficientes para, con respaldo de la ley y de forma pacífica y moderada, recuperar la normalidad».
Tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, Rajoy daba paso al anuncio de las medidas puestas en marcha desde esta misma noche: Cese del presidente e la Generalitat, del vicepresidente y resto de consejeros; Designación de órganos administrativos encargados de dar cumplimiento a las funciones ejercidas por el Gobierno, -tarea que ha recaído en los ministerios correspondientes a las competencias de cada consejería- y extinción de las oficinas de presidente y vicepresidente.
Además, el Gobierno ha anunciado la extinción de Diplocat y de las embajadas catalanas y el cese de los delegados de la Generalitat en Bruselas y Madrid.
Tras enumerar las medidas, el presidente del Gobierno calificado lo ocurrido en el Parlamento catalán como la constatación de que se han impuesto en Cataluña los partidarios de «cuanto peor, mejor». «La independencia -ha dicho el presidente- es desgarradora, triste y angustiosa. Eso es lo que hoy sienten todos los catalanes independentistas demócratas».
Para ello, interpreta el Gobierno, convocatoria electoral anticipada -y acelerada, el 21 de diciembre- para que los catalanes «decidan su futuro y nadie pueda cometer ilegalidades en su nombre. Son las urnas las que pueden sentar las bases de la necesaria recuperación de la convivencia entre catalanes. Cataluña necesita reconciliarse con la verdad, la ley y consigo misma».
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