El Gobierno Vasco ha confirmado la concesión del tercer grado penitenciario a dos presos de ETA, Andoni Otegi y Alicia Sáez de la Cuesta, una decisión que no ha sido recurrida por la Fiscalía pero que ha suscitado duras críticas por parte de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Según esta organización, la medida refleja una interpretación laxa de la legislación penitenciaria, que beneficia a los reclusos de la banda antes de cumplir la totalidad de sus condenas.
Andoni Otegi, nacido en Tolosa en 1975, fue condenado a 50 años de prisión por su participación en el asesinato de José Javier Múgica Astibia, concejal de UPN en Leiza (Navarra), el 14 de julio de 2001. En su caso, esta es la segunda ocasión en que se le otorga el tercer grado, después de que la Audiencia Nacional revocara previamente una decisión similar. Según la AVT, aunque ahora se cumplen los criterios exigidos por la Fiscalía, Otegi no ha completado las tres cuartas partes de su condena, un requisito establecido por la ley. Cabe destacar también su participación en la colocación del coche bomba contra la casa cuartel de Santa Pola en 2002, donde murió la pequeña Silvia Martínez, de tan solo 6 años, y un hombre, Cecilio Gallego
En cuanto a Alicia Sáez de la Cuesta, la reclusa lleva en prisión desde 2001 y ha cumplido 23,5 años de los 30 impuestos por la Justicia. Fue condenada por el asesinato del subteniente de la Guardia Civil Alfonso Parada en Vitoria en 1998, además de otros delitos, como un intento de atentado contra el expresidente de la Xunta, Manuel Fraga, y su implicación en un coche bomba en Fuengirola (Málaga) en 2002. Por este último ataque, recibió una pena de 110 años y seis meses de cárcel.
La AVT, en un comunicado, ha señalado que estas dos progresiones de grado se suman a las de otros 69 presos de ETA, incluyendo 7 casos registrados en los últimos dos meses. La asociación ha pedido tanto al Departamento de Justicia del Gobierno Vasco como a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que adopten una interpretación «más estricta» de la normativa penitenciaria, para evitar que los miembros de ETA puedan acceder a beneficios antes de cumplir sus condenas en su totalidad.
El grupo de víctimas ha insistido en que este tipo de decisiones «favorecen una sensación de impunidad», al permitir la puesta en libertad de personas condenadas por delitos graves relacionados con el terrorismo. Por ello, han instado a las autoridades a reevaluar estos casos y garantizar que se respeten los límites legales establecidos.
