El presidente del Tribunal Constitucional, el magistrado izquierdista Cándido Conde-Pumpido, bloquea desde hace meses la renovación de la presidencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo. Su objetivo, según fuentes jurídicas, es claro: impedir que Andrés Martínez Arrieta —el favorito de los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)— presida la Segunda Sala, e imponer en su lugar a su amiga y aliada ideológica Ana Ferrer, también respaldada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Martínez Arrieta, actual presidente en funciones tras el fin del mandato de Manuel Marchena, es un magistrado que ha demostrado su independencia frente al poder político, negándose a amnistiar la malversación del expresidente fugado Carles Puigdemont. Precisamente esa postura le ha convertido en objetivo de quienes desde el Constitucional y el CGPJ maniobran para someter el Alto Tribunal a los intereses del Ejecutivo.
Las maniobras de Conde-Pumpido no se limitan a la Sala Penal. La candidata que impulsa para ocupar esa presidencia, Ana Ferrer, ha renunciado a presidir la Sala Militar para dejarle el camino libre a la esposa del propio Conde-Pumpido, Clara Martínez de Careaga. Es decir, el presidente del Constitucional quiere colocar a su amiga al frente de la Segunda Sala y a su esposa al frente de la Quinta.
Una operación que no es nueva. Martínez de Careaga ya fue promovida a la Sala Militar en 2009, durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, gracias a la presión ejercida por su marido cuando aún era fiscal general del Estado. En aquel momento, su nombramiento fue objeto de un recurso que solo se desestimó por la mínima.
La magistrada aspira ahora a convertirse en la primera mujer que preside la Sala Militar del Supremo. Pero lo hace con un historial cuestionable: continuos retrasos en el despacho de asuntos, deliberaciones repetidas por su lentitud en dictar sentencia y una gestión que ha llegado a provocar que sus compañeros olvidasen lo debatido meses atrás. Aun así, el sillón ya está reservado.
Las fuentes consultadas por Libertad Digital van más allá: aseguran que Conde-Pumpido y su esposa han llamado personalmente a varios vocales izquierdistas del CGPJ para garantizar su apoyo en los futuros nombramientos. No se trata solo de afinidad ideológica, sino de una operación orquestada para colonizar los resortes judiciales más sensibles para el Gobierno.
La Sala Penal del Supremo no es cualquier cosa. Es la que investiga actualmente la trama Koldo, que salpica a aforados, y también el caso contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado por un delito de revelación de secretos tras la filtración de datos personales sobre la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Es, además, la Sala donde acabarán los casos de corrupción que afectan a la esposa y al hermano del presidente del Gobierno: Begoña Gómez y David Sánchez.
Mientras tanto, se intenta vender un acuerdo de «equilibrio» para desbloquear la situación: Arrieta al frente de la Sala Penal a cambio de colocar a Pilar Teso —otra magistrada de perfil ideológico afín al Gobierno— al frente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Un reparto que los vocales conservadores del CGPJ rechazan de plano
