El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, se encuentra acelerando la sentencia que beneficiará a los dirigentes separatistas condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre, así como al expresidente catalán huido de la justicia, Carles Puigdemont. Para ello, ha constituido un equipo interno que trabaja a contrarreloj con el objetivo de tener listo, antes de que finalice abril, un borrador sobre cómo debe aplicarse la amnistía en los casos vinculados a la malversación de fondos públicos.
Este texto adelantado por The Objective será entregado a los magistrados entre los días 18 y 20 de abril y se prevé que sea debatido en un Pleno durante el mes de mayo. La intención de Conde-Pumpido, antiguo fiscal general del Estado bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, va más allá de la simple aprobación del fallo: también busca cerrar el paso al Tribunal Supremo para que no pueda llevar el caso ante la justicia europea.
La vía que estudia emplear para lograrlo es la inclusión en el Pleno del próximo martes, 8 de abril, de un punto en el orden del día que aborda la posibilidad de limitar las cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Aunque la excusa oficial gira en torno a casos como el de los ERE, en realidad se trataría de sentar un precedente que también afectaría a los recursos relacionados con la futura sentencia sobre la Ley de Amnistía. Sin embargo, desde dentro del propio Constitucional advierten que no existe base legal para impedir que un órgano judicial eleve una consulta al TJUE. «Ningún letrado del tribunal respalda esa tesis», aseguran fuentes internas.
La ponencia de la sentencia que analizará el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la oposición recae en la magistrada Inmaculada Montalbán, actual vicepresidenta del tribunal. El texto, ya redactado, propondrá desestimar las impugnaciones de la oposición y de varias comunidades autónomas, y avalar la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, que establece la amnistía para fomentar la «normalización institucional, política y social en Cataluña». El borrador también establece que dicha amnistía es aplicable a los casos de malversación por los que fueron condenados Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, y al procesamiento pendiente de Carles Puigdemont.
