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Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

El Congreso consagra la desigualdad territorial con el nuevo cupo vasco

El pleno del Congreso tiene previsto aprobar de forma exprés la reforma de la ley del concierto económico vasco y la nueva metodología de señalamiento del cupo para el quinquenio 2017-2021, de 1.300 millones de euros.
La revisión del cupo saldrá adelante con el voto a favor del PP, el PSOE, Unidos Podemos y PNV, como mínimo; la oposición de Ciudadanos y Compromís, y la abstención de EH Bildu, según la posición que ya han dado a conocer los representantes de estas fuerzas.
Ambos proyectos son fruto del acuerdo alcanzado en julio en la Comisión Mixta del Concierto Económico, después de que el PNV apoyara los Presupuestos Generales del Estado para este año. Los nacionalistas vascos también respaldaron luego el techo de gasto para 2018.
Un debate que llega ahora en un momento en el que aún está pendiente de negociación la reforma de la financiación de las comunidades de régimen común -todas menos País Vasco y Navarra-, lo que ha llevado a Ciudadanos y a algunos presidentes autonómicos socialistas a criticar su «inoportunidad» y a quejarse de que las dos reformas no se hayan realizado de forma simultánea.
Incluso el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, llamó ayer a todos los barones territoriales y pactó con ellos exigir al Gobierno de Mariano Rajoy que presente ya una propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica.
El cupo es la aportación que hace Euskadi cada año a las arcas comunes del Estado por las competencias no transferidas al Gobierno autonómico, como infraestructuras (aeropuertos, puertos, ferrocarriles), defensa y representación exterior, cuya cuantía se determina en leyes quinquenales pactadas por los dos gobiernos.
La principal novedad de su revisión es que se fija el cupo base para el año 2017 en 1.300 millones de euros, sin considerar la cantidad derivada de la participación del País Vasco en los créditos presupuestarios del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
 
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