El Constitucional ha estimado parcialmente el recurso de la Generalitat contra la Ley de Mejora de Calidad Educativa, Lomce, y ha anulado la obligación de escolarizar, cuando lo diga el Estado y en centros privados pagados por la Generalitat, a los alumnos sin enseñanza pública en castellano.
La sentencia considera por unanimidad que el sistema diseñado por la citada ley para garantizar la enseñanza en castellano sostenida con fondos públicos no respeta el reparto de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma, es decir, invade competencias de la Generalitat.
Los artículos anulados se refieren, en concreto, a la capacidad del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través de la Alta Inspección de Educación, para decidir sobre la escolarización de esos alumnos en centros privados y a su financiación.
El Gobierno catalán señalaba en su recurso que la Lomce invade sus competencias y es contraria a la Constitución, al Estatut y a la propia doctrina del TC, además de que supone «una oposición frontal» al régimen lingüístico catalán, según el cual no se puede separar a los alumnos en función de la lengua, entre otras cuestiones.
La ley imponía que el Gobierno asumiera el coste de la escolarización privada en castellano de los alumnos que lo deseen cuando no se les garantice una oferta razonable sostenida con fondos públicos. Estos gastos se repercutirán después a la comunidad.
Es decir, la Generalitat debía pagar la enseñanza en castellano en centros privados a los alumnos que no dispusieran de ésta en centros públicos. Pero sería el Estado el que decidiera cuándo se debía hacer así.
A juicio del Tribunal, es inconstitucional que la Lomce fije criterios vagos para fijar en qué momento puede el Estado escolarizar alumnos en centros privados, con la consiguiente retención económica a la Comunidad Autónoma, y cuándo puede declarar extinguida esa obligación.
La Lomce, conocida como Ley Wert, fue recurrida por cinco comunidades autónomas (los gobiernos andaluz, vasco, canario, asturiano y catalán), por el PSOE y por el Parlament catalán.
La sentencia de este martes del Constitucional responde al recurso que presentó el ejecutivo catalán, pero establece pautas generales que se aplicarán al resto.
Según la doctrina constitucional, la alta inspección constituye una competencia estatal de vigilancia, pero no un control genérico e indeterminado que implique dependencia jerárquica de las comunidades Autónomas respecto a la Administración del Estado.
Tampoco es admisible que, a través de la alta inspección, el Estado asuma competencias que corresponden a las comunidades.
Según el Tribunal, el procedimiento que diseña la Lomce excede de los límites marcados por la doctrina en relación con la alta inspección estatal
La sentencia también dirime otras cuestiones sobre la Lomce y, así, declara inconstitucional que el Gobierno pueda establecer, vía reglamento, las bases de la educación plurilingüe (impartición de asignaturas no lingüísticas en lenguas extranjeras) desde el segundo ciclo de Educación Infantil hasta Bachillerato, previa consulta a las Comunidades Autónomas.
El Tribunal sostiene que la ley no especifica el criterio legal que da cobertura a esta competencia del Gobierno para el desarrollo reglamentario básico. Tampoco puede justificarse en que la educación plurilingüe tenga un carácter excepcional, pues, todo lo contrario, abarca prácticamente a todas las enseñanzas no universitarias.
El separatismo aplaude al TC
ERC y el PDeCAT han aplaudido la decisión del Tribunal Constitucional. En declaraciones a los periodistas en el Congreso, el portavoz parlamentario de ERC Joan Tardà ha asegurado que la medida que aprobó entonces el Gobierno «no se ajusta al sentir mayoritario de la ciudadanía catalana».
«Le crecen los enanos al Gobierno, ya está bien que de vez en cuando sufran un poquito», ha afirmado Tardà.
Por su parte, el portavoz del PDeCAT en la Cámara baja, Carles Campuzano, ha celebrado «el sentido común» del TC porque, según ha dicho, «la Lomce invadía competencias y configuraba un sistema extraño ajeno al sistema educativo catalán».
«Con esta sentencia es muy evidente que el Gobierno tiene menos legitimidad para intentar romper la inmersión lingüística en Cataluña, que es un éxito», ha destacado Campuzano, quien ha defendido que el sistema catalán garantiza que todos los niños, al terminar la educación obligatoria, sepan las dos lenguas.
El diputado del PDeCAT ha calificado la inmersión lingüística de «tesoro de la sociedad catalana» y ha esperado que el PP y Ciudadanos acaben con la idea de poner fin a este modelo.
Alguna publicidad valiente y la ayuda desinteresada de muchos lectores como tú han hecho posible esta noticia. Conoces nuestra línea editorial, a contracorriente de la ideología dominante y desacomplejadamente comprometida con la dignidad humana, la unidad de España y la identidad de Europa. No es fácil ni es barato sostener un medio de comunicación que beba de estos postulados, siempre contra los más poderosos. Por eso te pedimos que nos ayudes con una aportación, que formes parte de nuestro proyecto, que ayudes a que sigamos incordiando al Poder. Puedes hacerlo de varias maneras, infórmate aquí.
Más horas de catalán con Franco que actualmente de español en Cataluña
Los dirigentes catalanes que defienden la inmersión (menos para sus hijos)
