El Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado su propuesta de Plan Social para el Clima, un programa que movilizará 9.099 millones de euros entre 2026 y 2032 para financiar medidas vinculadas a vivienda, movilidad y transición energética. El Ejecutivo prevé remitir el plan definitivo a Bruselas antes de final de año para acceder a la financiación del Fondo Social para el Clima de la Unión Europea, según informa Libre Mercado.
El plan, que permanecerá en audiencia pública hasta el próximo 29 de junio, se financiará con la asignación a España del 10,52% de los recursos totales del fondo europeo y con una aportación nacional equivalente al 25% del presupuesto total.
Sánchez ha defendido que la transición ecológica debe aplicarse bajo criterios de «justicia» y evitar que sus costes recaigan sobre los hogares con menos recursos. Durante la presentación, aseguró que los ciudadanos no deben tener que elegir «entre llegar a fin de mes o llegar a fin de siglo».
Según el Gobierno, el programa se centrará en colectivos vulnerables y en dos ámbitos principales: edificios y transporte por carretera. El Ejecutivo lo presenta como un instrumento de acompañamiento para reducir las necesidades energéticas de hogares y empresas vulnerables y facilitar alternativas de movilidad limpias y asequibles.
La distribución de los fondos se dividirá en dos grandes bloques. El 52% del presupuesto, es decir, 4.723 millones de euros, irá destinado al sector de los edificios. El 48% restante, 4.376 millones, se dirigirá al transporte.
En materia de edificios, el Gobierno destinará 1.813 millones a la promoción de vivienda asequible, 1.220 millones a rehabilitación en barrios y entornos urbanos vulnerables y 923 millones a la rehabilitación de edificios residenciales. También prevé 278 millones para rehabilitar viviendas individuales.
Además, el plan incluye 300 millones para impulsar el autoconsumo colectivo y los sistemas de almacenamiento energético entre «comunidades energéticas y consumidores activos». Otros 27 millones se dedicarán a crear y consolidar ventanillas únicas y oficinas de asesoramiento para facilitar el acceso a las ayudas, mientras que 162 millones financiarán proyectos piloto de intervención exprés y edificios de uso social.
En el área de transporte, el Ejecutivo movilizará 4.376 millones de euros. La mayor partida, 2.269,6 millones, se dedicará a la descarbonización del transporte por carretera, con ayudas para renovar flotas, achatarrar vehículos anteriores a 2020 y adquirir vehículos eléctricos ligeros para autónomos y microempresas.
El Gobierno también prevé 964,8 millones para impulsar el transporte público asequible y accesible, y 702 millones para movilidad rural, con el argumento de responder a la dependencia del vehículo privado en el medio rural.
Otra de las partidas más llamativas es la destinada a la llamada movilidad activa: 370,5 millones de euros para infraestructuras ciclistas y sistemas públicos de bicicleta. A ello se suman 26,2 millones para adaptar infraestructuras y mejorar la accesibilidad en estaciones ferroviarias, y 43 millones para crear más de 40 aparcamientos intermodales en la Red de Carreteras del Estado.
