La nueva ofensiva climática de Bruselas ha vuelto a encender al campo español. El Plan de Acción sobre Fertilizantes presentado por la Comisión Europea ha provocado una oleada de críticas entre las principales organizaciones agrarias, que consideran que las medidas llegan tarde, son insuficientes y no atacan el verdadero problema: el encarecimiento brutal de los fertilizantes que soportan agricultores y ganaderos europeos.
Según publica el portal Libre Mercado, el malestar es especialmente intenso por la negativa de Bruselas a eliminar el denominado CBAM, el arancel climático europeo que grava las importaciones de productos intensivos en carbono y que, según denuncia el sector, terminará repercutiendo directamente en el bolsillo de los productores.
Tanto ASAJA como Unión de Uniones coinciden en que el plan comunitario está muy lejos de responder a las reclamaciones que el campo llevaba meses exigiendo para reducir costes y aliviar la asfixia económica de miles de explotaciones.
La clave de la polémica está en el funcionamiento del sistema europeo de emisiones. Las fábricas europeas de fertilizantes pagan por emitir dióxido de carbono a través del ETS, el mercado de derechos de emisión. Para evitar que entren productos más baratos procedentes de países con menos exigencias ambientales, Bruselas decidió aplicar también ese coste climático a las importaciones mediante el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono.
Sin embargo, las organizaciones agrarias denuncian que el resultado final es el contrario al prometido por la Comisión Europea: el fertilizante sigue subiendo y el agricultor acaba pagando la factura de la «transición ecológica» diseñada desde Bruselas.
El impacto económico del CBAM sobre el sector agrario podría alcanzar los 820 millones de euros ya en 2026 y superar los 39.000 millones acumulados en apenas siete años. Una cifra que equivale aproximadamente al 10% de toda la Política Agraria Común.
Desde las organizaciones agrarias consideran especialmente grave que la Comisión Europea haya ignorado dos de las principales peticiones del sector: suspender temporalmente el CBAM para fertilizantes y devolver a agricultores y ganaderos parte de los ingresos generados por el ETS.
En Unión de Uniones advierten de que cualquier coste derivado de las políticas climáticas europeas termina incorporándose al precio final de los insumos agrícolas. «Lo acaban pagando los agricultores», señalan desde la organización, que acusa a Bruselas de cargar sobre el sector primario el coste de su agenda verde.
La organización también denuncia que la transición ecológica europea se está financiando a costa de productores que ya atraviesan una situación límite por el aumento de costes energéticos, la competencia exterior y la caída de rentabilidad de muchas explotaciones.
