La empresa pública dependiente del Gobierno, Correos, trasladó al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) una versión sobre la información facilitada acerca de la custodia de los votos por correo en las elecciones generales del 23 de julio de 2023 que posteriormente fue contradicha por el propio organismo. La compañía sostuvo que había comunicado cuántos sufragios permanecieron cada noche en cada una de sus instalaciones, pero el Consejo comprobó que esos datos no habían sido entregados y terminó ordenando que se proporcionaran al solicitante.

El episodio, avanzado por The Objective, aparece recogido en un expediente resuelto por el CTBG el pasado 16 de junio. El origen se encuentra en una petición registrada por un ciudadano el 24 de noviembre de 2025 para conocer con detalle cómo fueron protegidos los votos depositados por correo durante el proceso electoral de 2023 y qué cantidad permaneció almacenada diariamente en las distintas dependencias de la empresa pública.

Correos respondió parcialmente el 23 de diciembre y comunicó que 2.469.890 votos por correo se encontraban en sus instalaciones a la espera de ser distribuidos entre las mesas electorales el día de las elecciones. Sin embargo, no incorporó el desglose solicitado por jornada y centro, que debía incluir los Centros de Tratamiento Automatizado (CTA), los Centros de Admisión Masiva (CAM), las unidades de custodia y las oficinas de reparto.

Ante la ausencia de esos datos, el ciudadano acudió el 31 de diciembre al Consejo de Transparencia. Fue durante la tramitación de esta reclamación cuando los Servicios Jurídicos de Correos defendieron que la petición había sido contestada de manera «adecuada y completamente». La empresa llegó a afirmar expresamente que había informado del número de votos que había pernoctado en cada local y durante cada uno de los días comprendidos entre el inicio de la campaña de voto por correo y el 23 de julio.

La documentación del expediente mostraba, sin embargo, una situación diferente. Cuando Correos volvía a abordar específicamente la cantidad de sufragios custodiados, únicamente reproducía el dato global de 2.469.890 papeletas, sin aportar cifras individualizadas para cada instalación ni para cada jornada. Pese a ello, la sociedad estatal defendía que la solicitud había quedado «debidamente atendida» y que la información se había entregado «en los términos requeridos».

El CTBG rechazó esa interpretación. En su resolución dejó constancia de que, aunque Correos sí había comunicado la cifra total, «no se ha facilitado información sobre el número de votos custodiados diariamente en los CTA, CAM, las unidades de custodia y las oficinas de reparto». El organismo también señaló que la compañía no había alegado ninguna de las causas de inadmisión ni de los límites contemplados en la Ley de Transparencia que justificara ocultar esa información.

Como consecuencia, Transparencia estimó este punto de la reclamación y obligó a Correos a entregar el desglose. De esta manera, el Consejo reclamó a la empresa pública precisamente unos datos que sus propios servicios jurídicos habían sostenido durante el procedimiento que ya estaban en manos del ciudadano.

La petición iba más allá del número de votos almacenados. El solicitante reclamaba conocer las medidas concretas de seguridad implantadas en las dependencias postales: sistemas de cierre, custodia de llaves, controles de acceso, mecanismos contra intrusiones, cámaras, presencia de vigilantes privados o efectivos públicos y protocolos establecidos para supervisar el cumplimiento de esas medidas. También preguntaba quiénes eran los responsables de aplicarlas.

Otra de las cuestiones planteadas afectaba al procedimiento seguido con los sufragios antes de su llegada a las mesas. El ciudadano pretendía conocer cuándo eran clasificados y depositados los votos en los contenedores que posteriormente quedaban flejados y precintados hasta su distribución durante la jornada electoral.

No era la primera ocasión en la que este ciudadano acudía a Transparencia para obtener información sobre la operativa de Correos durante el 23-J. Ya en 2023 había solicitado todos los procedimientos empleados para manipular y custodiar la documentación electoral y los votos emitidos por vía postal. Correos presentó inicialmente aquella respuesta como una «estimación íntegra» y explicó, en términos generales, que los envíos permanecían cerrados y registrados y que existía un seguimiento mediante herramientas informáticas.

Fue después de una reclamación ante el Consejo cuando la empresa terminó proporcionando las Instrucciones sobre la colaboración de la S.E. Correos y Telégrafos en las Elecciones a las Cortes Generales de 23 de julio de 2023. El documento, fechado el 26 de junio de aquel año y de obligado cumplimiento para el personal de la compañía, detallaba el tratamiento de los envíos electorales. La propia Correos reconoció que las instrucciones fueron entregadas ya durante la fase de reclamación.