El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha requerido a Correos a revelar cuántos votos por correo permanecieron cada día bajo su custodia durante la campaña de las elecciones generales del 23 de julio de 2023, después de que la empresa pública se negara a proporcionar esa información y se limitara a comunicar el dato agregado de 2.469.890 sufragios.
La resolución, fechada el pasado 16 de junio y adelantada por The Objective, estima parcialmente la reclamación de un ciudadano que había solicitado conocer cuántos votos pernoctaron cada jornada en las diferentes instalaciones de Correos desde el comienzo de la campaña electoral hasta el propio 23-J.
La petición reclamaba el desglose de sufragios almacenados en los Centros de Tratamiento Automatizado (CTA), Centros de Admisión Masiva (CAM), unidades de custodia y oficinas de reparto. Correos, sin embargo, no facilitó la evolución diaria ni explicó cómo se distribuían los votos entre las distintas clases de instalaciones.
La compañía únicamente comunicó que había tenido bajo su custodia 2.469.890 votos destinados a ser entregados a las mesas electorales, una cifra final que no permite reconstruir cómo fue aumentando el volumen de documentación electoral almacenada durante los días anteriores a las elecciones.
Transparencia desmonta la justificación de Correos
El Consejo de Transparencia concluye que Correos no aportó ninguna causa legal concreta que justificase mantener ocultos esos datos estadísticos. La empresa pública no invocó una causa de inadmisión contemplada en el artículo 18 de la Ley de Transparencia ni acreditó que revelar el número de votos almacenados cada jornada estuviese sujeto a alguno de los límites previstos por la legislación.
Por ello, el organismo ordena a Correos proporcionar «el número diario de votos» custodiados durante el periodo reclamado, distinguiendo entre los diferentes centros de tratamiento, admisión, custodia y reparto.
La empresa dispone de diez días hábiles desde la notificación para suministrar la información y deberá remitir al Consejo una copia de la respuesta.
La resolución tampoco pasa por alto la actuación administrativa de Correos. Transparencia reprocha a la compañía que respondiese fuera del plazo máximo de un mes establecido por la ley, sin ofrecer una explicación que justificara la demora.
Los datos todavía no son públicos. La resolución obliga ahora a Correos a entregarlos, por lo que sigue sin conocerse cuántos votos permanecieron exactamente cada noche en sus instalaciones y cómo se repartían entre los distintos tipos de centros.
Los protocolos de seguridad sí permanecerán en secreto
La petición ciudadana incluía también información mucho más sensible: los mecanismos utilizados por Correos para proteger físicamente los votos.
Entre otros elementos, se solicitaron datos sobre cerraduras, gestión de llaves, controles de acceso, alarmas, cámaras de videovigilancia, vigilantes de seguridad, procedimientos de supervisión y responsables de la custodia. En este punto, Transparencia da la razón a Correos.
El organismo considera que hacer públicos estos protocolos podría comprometer la seguridad de futuros procesos electorales, puesto que los mismos sistemas pueden volver a utilizarse. Conocer la localización de cámaras, los procedimientos de acceso o los turnos de vigilancia podría permitir detectar puntos débiles en la protección de las instalaciones.
El Consejo corrige, no obstante, la fundamentación jurídica utilizada inicialmente por Correos. La compañía había alegado la confidencialidad de los procesos de toma de decisiones, mientras que Transparencia considera que el límite aplicable es realmente el de seguridad pública.
La resolución traza así una frontera clara: los mecanismos concretos empleados para impedir robos, accesos indebidos o manipulaciones pueden mantenerse reservados, pero no el número de votos almacenados.
Conocer cuántos sufragios permanecieron cada noche en las instalaciones de la empresa pública, señala en esencia el organismo, no permite descubrir cómo estaban protegidos.
El 23-J se celebró con Juan Manuel Serrano al frente de Correos
El dispositivo del voto por correo de las generales de 2023 tuvo lugar durante la presidencia de Juan Manuel Serrano, antiguo jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y uno de los hombres que formaron parte de su círculo de confianza durante años.
Serrano llegó a la presidencia de Correos en julio de 2018, pocas semanas después de la llegada de Sánchez a La Moncloa, y continuaba dirigiendo la empresa pública cuando se celebraron las elecciones del 23-J.
Su nombre ha vuelto recientemente a la actualidad judicial por un asunto distinto. El expresidente de Correos figura como investigado en el denominado caso Leire, después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordara incorporarlo a la causa y autorizara el análisis de su teléfono.
La investigación analiza las relaciones de Serrano con Leire Díez, quien también ocupó cargos en Correos durante su presidencia, y una supuesta operación para obtener información susceptible de perjudicar investigaciones judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno. Esta investigación no guarda relación con la gestión del voto por correo ni acredita irregularidades electorales en el 23-J.
Díez fue directora de Relaciones Institucionales y Filatelia de Correos durante la etapa de Serrano. La empresa aseguró posteriormente que nunca tuvo competencias sobre el voto por correo, aunque The Objective publicó un correo firmado por ella relacionado con una incidencia del dispositivo electoral de las elecciones andaluzas de 2022.
La controversia llevó a VOX a pedir a la Junta Electoral Central (JEC) una investigación sobre las elecciones generales de 2023. El organismo rechazó la solicitud al no apreciar hechos ni indicios concretos que justificaran abrir actuaciones y recordó los sistemas de identificación y control existentes para depositar el voto.
Más de la mitad de la información pública exigible no está disponible
El caso se conoce además en medio de las graves deficiencias de transparencia detectadas en el sector público estatal.
Las 153 entidades analizadas por el Consejo de Transparencia cumplen de media únicamente el 47,1% de sus obligaciones de publicidad activa, lo que significa que más de la mitad de la información que debería encontrarse publicada de oficio está ausente o desactualizada.
Las reclamaciones ciudadanas también se han disparado. Durante el primer semestre de 2026, el Consejo recibió 1.758 reclamaciones, un 60% más que durante el mismo periodo del año anterior. De ellas, 1.211 estaban dirigidas contra ministerios y organismos dependientes del Estado.
