Un cambio en la gestión del voto en Correos habría reducido el control sobre la trazabilidad de millones de envíos electorales del Censo de Españoles Residentes Ausentes durante las generales del 23 de julio de 2023. La modificación, según documentos internos de la empresa pública a los que ha tenido acceso The Objective, se aplicó apenas cuatro días antes de la cita con las urnas y afectó a la certificación de hasta 2,3 millones de sufragios CERA.

La decisión fue firmada el 19 de julio de 2023 por Juan Manuel Serrano Quintana, entonces presidente de Correos y persona de máxima confianza del entorno de Pedro Sánchez. En aquella etapa también formaba parte de la plantilla de la compañía Leire Díez, que ocupaba el cargo de directora de Filatelia y Relaciones Institucionales.

El cambio se produjo en un contexto especialmente sensible. La reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General había eliminado el llamado voto rogado, lo que multiplicó de forma extraordinaria el número de electores residentes en el extranjero que podían participar sin tener que solicitar previamente la documentación electoral.

Esa modificación legal disparó el universo potencial del voto exterior. Mientras en las generales de 2019 el censo operativo se situaba en torno a 226.000 votantes, en 2023 la cifra ascendió hasta los 2,3 millones de españoles inscritos en el extranjero. Correos debía remitir la documentación necesaria para que esos ciudadanos pudieran ejercer su derecho al voto desde fuera de España.

La controversia surge por el modo en que la empresa pública gestionó esos envíos. Según las fuentes consultadas por el citado diario, Correos dejó de aplicar el control individualizado mediante el escaneo de cada certificado y permitió un sistema alternativo basado en rangos. Esa fórmula habría comprometido la seguridad y el seguimiento detallado de buena parte de la documentación electoral enviada al exterior.

Los documentos internos describen dos vías distintas de trabajo para las elecciones de 2023. La primera consistía en leer uno a uno cada envío, país por país, como ocurre habitualmente con el correo certificado. La segunda permitía registrar una bandeja o caja completa escaneando únicamente el primer y el último certificado del lote, dando por incluidos todos los envíos situados entre ambos.

Esa segunda opción es la que ha encendido las alarmas. En la práctica, si sólo se escaneaban los extremos de un rango, los envíos intermedios quedaban sin lectura individualizada. Para un correo ordinario ya sería una rebaja notable del control, pero en este caso se trataba de documentación internacional, certificada y electoral, tres elementos que exigen máximas garantías de trazabilidad.

El documento firmado por Serrano recogía expresamente esa nueva operativa. La generación de despachos CERA podía realizarse por «envíos», con lectura individual de cada certificado, o por «rango de envíos», seleccionando el país de destino y leyendo únicamente el primer y último envío de un bloque. De ese modo, todos los certificados comprendidos entre ambos quedaban incorporados al despacho sin escaneo propio.

Fuentes internas citadas por The Objective sostienen que esta anomalía pudo afectar a alrededor del 90% de las certificaciones admitidas por Correos para su posterior entrega a españoles residentes fuera del país. El diario afirma haber contactado con fuentes oficiales de la compañía pública para recabar su versión, aunque al cierre de su información no había recibido respuesta.

El funcionamiento ordinario del correo certificado se basa precisamente en la lectura individual del código de barras. Ese escaneo permite conocer cuándo entra un envío en Correos, por dónde transita, en qué saca se transporta, a qué operador aéreo se entrega y cuándo vuelve a ser registrado al llegar a destino. Si no existe lectura individual de cada pieza, esa cadena de control queda debilitada.

En las elecciones generales de 2023, el voto CERA generó una enorme expectación política. Durante los días posteriores al 23-J se especuló con que el escrutinio exterior podía modificar el resultado en varias provincias. Finalmente, su impacto fue mucho menor del previsto: sólo provocó el traslado de un escaño del PSOE al PP en la Comunidad de Madrid, sin alterar de forma sustancial el reparto nacional.

La participación efectiva del voto exterior se situó en 233.688 sufragios. La cifra quedó lejos de los 2,3 millones de electores potenciales, pero el episodio vuelve a abrir el debate sobre la seguridad de los procedimientos utilizados para gestionar documentación electoral masiva desde el extranjero.