El auto del juez Santiago Pedraz abre una nueva derivada en torno al caso Leire al situar bajo sospecha el posible vínculo entre la etapa de Juan Manuel Serrano al frente de Correos y la financiación de las maniobras presuntamente desplegadas contra jueces, fiscales y mandos de la Guardia Civil. La resolución apunta a movimientos económicos de «elevado importe» que estarían siendo analizados por los investigadores por su posible relación con la estructura que habría servido para sostener las operaciones atribuidas a Leire Díez y su entorno.
Serrano no es un nombre menor dentro del universo político del ‘sanchismo’. Fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE, después ocupó el mismo puesto en La Moncloa y, tras la llegada de los socialistas al Gobierno, fue nombrado presidente de Correos, cargo que desempeñó entre 2018 y 2023. Su trayectoria le convirtió en una de las personas de mayor confianza del presidente, con acceso tanto a la maquinaria interna del partido como a una de las principales empresas públicas del país.
La investigación judicial examina ahora si determinadas operaciones vinculadas a Correos pudieron servir para alimentar económicamente la trama que, según la causa, habría impulsado campañas de presión y desprestigio contra miembros de la judicatura, la Fiscalía y la Guardia Civil. En ese contexto, el juez recoge la existencia de «transacciones económicas objeto de investigación» y subraya que algunas de ellas alcanzarían cantidades relevantes.
El magistrado señala en su resolución que, respecto a Juan Manuel Serrano Quintana, aparecen indicios de una posible colaboración con los investigados en actos concretos de auxilio a su presunto plan ilícito. No obstante, el propio auto avanzado por OkDiario precisa que el avance de las diligencias deberá determinar el alcance real de su responsabilidad penal y si su participación tuvo carácter puntual o una dimensión más profunda dentro de la trama.
La cronología resulta especialmente significativa para los investigadores. Leire Díez accedió a Correos en febrero de 2022 durante la presidencia de Serrano y permaneció vinculada a la empresa pública hasta comienzos de 2024. Según el auto, tras su salida se habrían intensificado determinados pagos procedentes del PSOE, cifrados en 4.000 euros mensuales, que la investigación relaciona con sus actividades de presión y obtención de información sensible.
La etapa de Serrano en Correos ya venía siendo objeto de escrutinio por posibles irregularidades en contratos públicos. OkDiario adelantó hace seis meses que la Unidad Central Operativa había abierto pesquisas sobre adjudicaciones realizadas durante su mandato, periodo en el que la compañía pública acumuló pérdidas superiores a los 1.000 millones de euros. Entre las operaciones señaladas figuran la compra del 51% de Rangel Expresso por 11 millones de euros en abril de 2019 y el contrato de 2 millones con la consultora Sortis, vinculada al empresario Israel Pilar, situado en la órbita de la trama Koldo.
La tesis que se desprende de la investigación es que Correos habría podido convertirse en una pieza relevante para entender el origen de parte de los fondos que terminaron vinculados a las operaciones de la llamada fontanera de Ferraz. El juez investiga si el entramado se habría valido de contratos públicos presuntamente irregulares para generar recursos destinados a sostener campañas de desinformación y ataques dirigidos contra quienes investigaban asuntos sensibles para el PSOE y para el Gobierno.
Pedraz conecta así dos planos que hasta ahora aparecían separados: por un lado, las presuntas irregularidades económicas en una empresa pública bajo el mandato de un hombre de máxima confianza de Pedro Sánchez; por otro, la actividad de Leire Díez y su entorno para recopilar información, presionar a operadores jurídicos y tratar de desacreditar investigaciones incómodas para el socialismo.
El auto no cierra todavía la responsabilidad penal de Serrano, pero sí le coloca en el centro de una línea de investigación que puede tener un recorrido judicial de gran calado. Para el magistrado, los indicios existentes justifican seguir analizando su relación con los investigados, el origen de los pagos sospechosos y la posible utilización de estructuras públicas para financiar actuaciones ajenas a cualquier finalidad institucional.
La causa refuerza así la hipótesis de que las maniobras atribuidas a Leire Díez no fueron hechos aislados, sino parte de una operativa más amplia en la que habrían confluido intereses políticos, contratos públicos, pagos opacos y estrategias de presión contra jueces, fiscales y mandos policiales. En el centro de esa nueva derivada aparece ahora Correos, una empresa pública que durante años estuvo dirigida por uno de los hombres más próximos al presidente del Gobierno.
