Correos afronta un verano especialmente delicado por el impacto de la regularización masiva de inmigrantes en sus oficinas. A partir del 30 de junio, el Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones dejará de atender presencialmente a los inmigrantes y pasará a hacerlo sólo por vía telemática. A ese cambio se suma la eliminación del teléfono de cita previa, una herramienta que hasta ahora permitía ordenar la afluencia a las oficinas postales.
Fuentes internas de la compañía admiten preocupación ante el nuevo escenario. Sin cita previa, el riesgo es que un mayor número de inmigrantes acuda directamente a las oficinas sin aviso, lo que puede tensionar la capacidad de los empleados para atender los trámites. El problema llega, además, en pleno verano, un periodo ya complicado por las vacaciones del personal y por los habituales problemas de climatización en algunas dependencias.
La compañía sigue pendiente de convocar su oferta de empleo, aunque no lo hará antes de que dirección y sindicatos determinen qué departamentos deben perder efectivos y cuáles necesitan refuerzos. Correos continúa ese análisis interno y las salidas previstas, que podrían alcanzar los 8.000 empleados, no parecen viables antes de otoño.
El trasfondo económico es clave. Los gastos de personal representan el 90% de los ingresos de Correos, una cifra que compromete la viabilidad de la empresa. El objetivo marcado por la dirección es rebajar ese peso hasta el 70%, pero ese ajuste coincide ahora con la asunción de nuevos servicios públicos, entre ellos parte del proceso de regularización de inmigrantes.
La situación se sostiene, en buena medida, por la inyección de 3.000 millones de euros que el Estado aportará a Correos durante cuatro años a cambio de que la compañía amplíe la prestación de servicios públicos a través de su red de oficinas. En la empresa valoran positivamente esta vía de ingresos, frente a etapas anteriores en las que se recurrió a productos ajenos al negocio postal tradicional, como collares para perros o gafas para la presbicia. Sin embargo, dentro de la compañía existen dudas sobre la capacidad real de asumir esa carga con la misma plantilla o incluso con menos trabajadores.
Sindicatos como el Libre reclaman que los empleados con jornada parcial pasen a jornada completa y que se mantenga la cita previa. Según sus datos, el 20% de la plantilla de Correos trabaja aún a tiempo parcial, un porcentaje que el presidente de la compañía, Pedro Saura, quería reducir sin que por ahora se haya conseguido.
Los empleados ya trabajan en la regularización con citas de media hora. Según algunas fuentes, la cifra total del proceso asciende ya a 900.000 personas en toda España, muy por encima de las 500.000 de las que se habló inicialmente.
Correos encara así el verano con varias cuestiones estructurales pendientes: el rediseño del modelo operativo, la ampliación de servicios públicos, la reducción de plantilla y la necesidad de saber cuántos trabajadores deberá contratar para hacer viable la compañía. Todo ello mientras sus oficinas se preparan para absorber una nueva presión administrativa ligada a la política migratoria del Gobierno.
