El Tribunal Supremo apunta a la financiación del PSOE tras detectar graves discrepancias en las cuentas del exministro José Luis Ábalos. El juez instructor, Leopoldo Puente, ha requerido al partido que entregue, con carácter urgente, información detallada sobre todas las transferencias de dinero realizadas al exdirigente socialista y, en sentido contrario, cualquier aportación que este haya hecho a la formación. El objetivo es esclarecer un aparente desajuste entre las cifras declaradas por Ábalos y los registros oficiales que maneja Hacienda.
Esta decisión se produce a raíz de un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que alerta sobre inconsistencias notables. La Agencia Tributaria afirma que Ábalos donó más de 44.000 euros al partido, pero en la documentación sólo constan movimientos por poco más de 8.400 euros, lo que deja sin justificar más del 80% de las aportaciones atribuidas. El magistrado ha solicitado al PSOE que indique con exactitud las fechas, las cuentas de origen, los conceptos y los métodos de pago de todos los movimientos económicos entre el partido y el exministro.
No se trata sólo de aportaciones voluntarias. La investigación también ha detectado ingresos catalogados como nóminas provenientes de cuentas bancarias a nombre del PSOE y del Grupo Parlamentario Socialista. Algunas de estas cuentas fueron cerradas en 2016. La hipótesis que barajan los agentes es que este tipo de operaciones podrían haber servido para canalizar pagos con fines opacos. Por ello, el juez también ha reclamado al Congreso de los Diputados el desglose completo de los sueldos, dietas y demás compensaciones recibidas por Ábalos entre 2014 y 2024.
En ese periodo, según Hacienda, el exministro habría percibido más de 750.000 euros del Congreso, mientras que sus cuentas bancarias solo reflejan algo menos de 80.000. Además, se apunta que durante su etapa como titular de Transportes, Ábalos habría cobrado 508.000 euros exentos de tributación, una anomalía que el actual Ministerio atribuye a errores administrativos.
La sombra de las comisiones ilegales también planea sobre el caso. En las grabaciones interceptadas a Koldo García, mano derecha de Ábalos, se escucha cómo discute con Santos Cerdán sobre los pagos recibidos por adjudicaciones millonarias. En concreto, se menciona a la empresa Acciona, que obtuvo más de 500 millones en contratos públicos. Según la UCO, Ábalos y Koldo habrían recibido 620.000 euros en contraprestaciones, y aún les quedaría por cobrar casi medio millón más.
El juez Puente, en un auto reciente, considera que la supuesta mordida obtenida por la trama es «inusualmente baja» en comparación con otras operaciones similares. Si, hipotéticamente, la comisión fuese del 1% del valor de las obras adjudicadas, la cifra ascendería a más de cinco millones de euros. Esta afirmación abre la puerta a pensar que otras personas —físicas o jurídicas— podrían haberse beneficiado del entramado.
En otra conversación recogida por los investigadores, Koldo advierte al ex director general de Carreteras, Javier Herrero, de que alguien del aparato del PSOE lo contactará para solicitarle «el impuesto». La UCO interpreta este mensaje como parte del mecanismo de presión utilizado para facilitar las adjudicaciones amañadas. Herrero, ahora imputado, habría tenido un papel clave para desbloquear licitaciones sospechosas.
Mientras tanto, el PSOE se defiende. Fuentes del partido alegan que las donaciones de los cargos públicos se canalizan a través del grupo parlamentario, que descuenta automáticamente las cuotas de las nóminas de los diputados. También indican que muchos militantes hacen aportaciones adicionales mediante transferencias directas. En cuanto a las cuentas del partido, insisten en que están auditadas y que no hay ninguna irregularidad en su contabilidad.
El propio Pedro Sánchez anunció hace meses una auditoría externa para revisar las finanzas del partido, en medio del escándalo que salpica a Ábalos, a su exasesor Koldo García —en prisión preventiva— y a Santos Cerdán, el que fuera secretario de Organización. En la última década, el PSOE ha manejado cerca de 700 millones de euros entre ingresos públicos y privados. Sólo en 2024, la formación ingresó 78 millones: 54 procedentes del Estado y 24 millones más a través de cuotas, donaciones y otras aportaciones de afiliados.
El foco judicial ahora está puesto en seguir el rastro del dinero. Las pesquisas en marcha no descartan que el partido haya sido receptor —con o sin conocimiento— de fondos procedentes de comisiones ilegales. Para los investigadores, la clave estará en determinar si esos fondos fueron encubiertos como donaciones voluntarias o pagos regulares. Si se confirma, el PSOE podría enfrentarse a un caso de financiación irregular con implicaciones penales.
