La inquietud crece en el PSOE por el alcance de la investigación judicial sobre la trama de mordidas que ya ha salpicado a varias de sus figuras más relevantes de la última década. Según ha revelado Vozpópuli, la dirección socialista ha empezado a mantener contactos discretos con abogados especializados en Derecho Penal y Penal Económico para asesorarse ante la posibilidad de que el partido sea imputado como persona jurídica por su presunta implicación en la trama.
Entre los penalistas sondeados se encuentran juristas de dilatada trayectoria en casos de gran repercusión pública, como Ignacio Gordillo o González Franco. Según las mismas fuentes, los contactos han partido tanto del propio partido como de algunos de los dirigentes socialistas ahora en el foco de la investigación del Tribunal Supremo.
El Alto Tribunal ya investiga al exministro de Transportes José Luis Ábalos, al que fuera su asesor Koldo García y al exsecretario de organización socialista Santos Cerdán por supuestas mordidas millonarias a cambio de contratos públicos, que la Guardia Civil cifra en unos cinco millones de euros. Según las pesquisas de la UCO, parte de esos fondos podrían haber terminado en las arcas del partido.
Sospechas sobre la financiación del partido
El juez instructor, Leopoldo Puente, ha abierto una primera línea para indagar en la financiación del PSOE a raíz de donaciones sospechosas ligadas a Ábalos. En las últimas horas ha requerido al Congreso y al partido información sobre pagos y donaciones vinculadas al exministro, tras detectar una «aparente falta de sintonía» entre sus cuentas bancarias y las cifras recabadas por Hacienda entre 2014 y 2024.
El PSOE, por su parte, ha anunciado que facilitará toda la documentación y ha achacado las diferencias detectadas a las distintas vías de ingreso de las aportaciones de los diputados, bien directamente o bien a través del Grupo Parlamentario.
Los expertos consultados señalan que la clave no reside únicamente en demostrar si el partido se benefició de las prácticas ilegales, sino en si tenía implantados mecanismos eficaces de control interno para prevenirlas y en cómo se gestionaron estos controles.
Las consecuencias para el PSOE podrían ir desde ser declarado partícipe a título lucrativo —si el tribunal concluye que desconocía los delitos pero se benefició económicamente— hasta una condena por responsabilidad civil subsidiaria, en cuyo caso debería responder por las condenas impuestas a las personas físicas implicadas.
El escenario más grave sería una condena penal de la persona jurídica, lo que podría acarrear multas e incluso la disolución del partido.
Por ahora, Ferraz intenta ganar tiempo y prepararse para los distintos escenarios mientras la sombra del caso sigue extendiéndose.
