El Gobierno de María Chivite ha convertido el acogimiento residencial de los menores extranjeros no acompañados (menas) en uno de los capítulos más abultados y crecientes del gasto social de Navarra. Según los datos oficiales facilitados por la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, María del Carmen Maeztu Villafranca, en respuesta a las peticiones de información del grupo parlamentario VOX y actualizados por ella misma hace unos meses, el Ejecutivo foral ha destinado alrededor de 280 millones de euros en siete años (2020-2026) a las entidades que gestionan estos centros.
Una cifra que refleja no sólo el mantenimiento, sino el aumento exponencial de la acogida de estos menores: de 197 plazas en 2015 se ha pasado a 546 en la actualidad, con más de 100 nuevas plazas abiertas solo en 2025, de las cuales la mayoría están destinadas específicamente a menas.
A 31 de diciembre de 2024, de los 625 menores bajo guarda y tutela del Gobierno de Navarra, 163 eran menas, el 26% del total, tras un incremento del 21% en un sólo año. En agosto de 2025 el Gobierno anunció que acogía a 118 menas más. La consejera detalló que la Comunidad Foral tiene competencia exclusiva en la protección de estos niños y adolescentes migrantes no acompañados. Tras la declaración de desamparo, la medida habitual es el acogimiento residencial, y las entidades concertadas son las mismas que operan con los menores navarros.
En 2023 sólo el centro de Marcilla se dedicaba íntegramente a menores extranjeros. Hoy la realidad es muy distinta, se han abierto varios centros más, como el de Elizondo, Sangüesa, Mutilva o Villatuerta, entre otros muchos. En otros casos comparten centro o piso entre extranjeros y nacionales, y los primeros muchas veces son mayoría, habiendo desplazado la atención y el cuidado de los menores navarros.
Los contratos millonarios que lo sostienen, desglosados inicialmente en una tabla remitida por la consejera de Derechos Sociales de Navarra a VOX, y actualizados con los presupuestos de políticas de infancia —que han pasado de 25 millones en 2019 a 50 millones en 2025 y 66 millones proyectados para 2026 (un 165% más)—, dibujan un negocio en clara expansión.
Los datos son elocuentes y muestran el crecimiento progresivo. Entre 2020 y 2023 las entidades percibieron ya cerca de 120 millones de euros sólo en contratos para atención residencial. La tendencia al alza se ha acelerado con el boom de llegadas: Fundación Ilundain-Haritz Berri multiplicó sus importes, Asociación Educativa Berriztu escaló de forma notable, Fundación Xilema casi duplicó su facturación anual y Asociación Navarra Nuevo Futuro o Fundación Gizain consolidaron volúmenes superiores a los cinco y tres millones respectivamente cada ejercicio. Entidades como GINSO, Asociación Navarra Sin Fronteras y otras incorporadas recientemente han ampliado su participación en este ecosistema.
Manutención hasta los 21 años
A todo lo expuesto se suma el anuncio realizado por la propia consejera Maeztu en septiembre de 2024: el Gobierno de Navarra destinará 50.000 euros por cada mena para su manutención hasta los 21 años, es decir, tres años más allá de la mayoría de edad.
Se trata de un compromiso que se materializa en pisos residenciales con cinco menores cada uno, donde profesionales acompañan a los jóvenes las 24 horas del día. Una cifra que, multiplicada por los cientos de menas tutelados, explica en buena medida el salto presupuestario de los últimos años y sitúa a Navarra a la cabeza de las comunidades que prolongan este gasto extraordinario.
