La Consejera de Derechos Sociales de la Comunidad de Navarra, Carmen Maeztu, ha anunciado que el Gobierno autonómico destinará un total de 50.000 euros para la manutención de cada mena que van a acoger en los próximos días proveniente de Canarias: «El tipo de recurso residencial que tenemos aquí son pisos de cinco menores que cuentan con el acompañamiento de profesionales las 24 horas del día».
A diferencia de otras regiones, Navarra proporciona estos cuidados y ayudas a los inmigrantes ilegales hasta que cumplen los 21 años, tres por encima de la mayoría de edad. Esta decisión se produce días después de que el Pleno del Parlamento aprobase con los votos a favor de PSN, EH Bildu Geroa Bai, PPN y Contigo-Zurekin, la abstención de UPN y el voto en contra de VOX, una resolución por la que la Cámara «muestra su apoyo a la modificación del artículo 35 de la Ley 4/2000, con el fin de establecer mecanismos vinculantes y solidarios que ayuden a garantizar los derechos de la infancia migrante, independientemente de su origen nacional, étnico o social, su raza o religión», según adelantó el diario Navarra.com.
Así, instan insta al Ejecutivo Foral a «seguir cumpliendo los acuerdos establecidos el año pasado para la acogida de menores no acompañados», así como los nuevos compromisos alcanzados en la Conferencia Sectorial de Infancia, celebrada en Canarias en julio de 2024. Esta propuesta, que contó con el apoyo mayoritario de la cámara, busca garantizar la continuidad de las políticas de protección para estos menas.
Por su parte, en otro apartado, se anima a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados a respaldar la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que afecta directamente a la situación de los menores no acompañados. UPN optó por abstenerse en esta votación, mientras que VOX nuevamente se opuso.
El PPN presentó una enmienda de sustitución a los puntos 1 y 4 de la propuesta inicial, la cual fue aceptada por Contigo-Zurekin. A través de esta enmienda, se solicita que el Estado asuma los gastos extraordinarios que deben afrontar las comunidades autónomas que han superado su capacidad de acogida de menores migrantes.
La resolución, impulsada por el grupo parlamentario Contigo-Zurekin, subraya en su exposición de motivos que la protección del interés superior del menor «no solo es una obligación legal, sino también un imperativo moral». Además, la propuesta llama a la creación de políticas coordinadas a nivel estatal y autonómico que, más allá de las circunstancias legales, respondan a la «emergencia humanitaria» actual, según defienden desde la izquierda. Se demanda, por tanto, la implementación de mecanismos vinculantes que permitan la atención y la inclusión social de los menores migrantes, en colaboración con todas las administraciones públicas.
