La ley española prevé que el permiso de residencia pueda concederse a mujeres extranjeras que denuncien haber sido víctimas de «violencia de género» en España. Esta vía administrativa, concebida como un mecanismo de protección para evitar que la situación ilegal impida denunciar, ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años, especialmente desde 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a la Presidencia del Gobierno.
Según una resolución de Transparencia del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a la que ha tenido acceso The Objective, las autorizaciones de residencia temporal por «violencia de género» han pasado de 628 en 2017 a 3.758 en 2024. El incremento en ese periodo alcanza el 498,4%, con un récord en el último ejercicio con datos completos.
El volumen acumulado también refleja el peso creciente de esta fórmula. Desde 2005 se han concedido en España alrededor de 42.000 permisos de residencia vinculados a «violencia de género«, aunque buena parte de ellos se concentra en los años más recientes. La tendencia muestra una aceleración clara a partir de la última etapa política.
Por países de origen, Colombia y Marruecos concentran más del 60% de las beneficiarias entre 2017 y 2024. En ese periodo, el Gobierno concedió 5.403 autorizaciones a mujeres colombianas, el 30,7% del total, y 5.270 a mujeres marroquíes, el 29,9%. A continuación aparecen peruanas, con 1.913 permisos; hondureñas, con 1.815; y bolivianas, con 1.312.
El caso de Colombia es el que presenta el crecimiento más llamativo. Las mujeres colombianas que obtuvieron residencia por esta vía pasaron de 50 en 2017 a 1.620 en 2024, lo que supone un aumento del 3.140%. En el caso de Marruecos, el salto fue de 166 a 996 autorizaciones, un incremento cercano al 500%. Perú también registra una subida, aunque más moderada, del 163%.
La normativa permite conceder una autorización de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales a mujeres extranjeras víctimas de «violencia de género», con independencia de si se encuentran en situación regular o irregular. La protección puede extenderse también a determinados familiares, como hijos menores o ascendientes en primer grado, por razones humanitarias.
El procedimiento prevé primero una autorización provisional, con una duración inicial de un año. Esta puede prorrogarse y acabar convirtiéndose en definitiva si el proceso penal termina con una sentencia condenatoria o con una resolución judicial firme que reconozca la existencia de «violencia de género». Durante ese tiempo, quedan suspendidos los expedientes sancionadores que pudieran derivarse de una situación administrativa irregular, para evitar la expulsión de la denunciante.
Uno de los cambios relevantes llegó con una instrucción del Ministerio de Inclusión de noviembre de 2021. Esa directriz aclaró que el permiso debía concederse con independencia de que la mujer estuviera en situación irregular, tuviera residencia legal o dependiera de un permiso vinculado al agresor, como ocurre en algunos casos de reagrupación familiar. El objetivo era eliminar criterios restrictivos y evitar que el miedo a perder el estatus administrativo frenara la denuncia.
Esta regulación, sin embargo, ha abierto un debate sobre su posible uso como vía de regularización. Algunas voces críticas sostienen que el mecanismo puede resultar más accesible que otros procedimientos de extranjería, ya que una denuncia y la valoración inicial de indicios por parte de la Fiscalía o del juez pueden permitir obtener una autorización provisional de residencia y trabajo.
Esas mismas fuentes advierten de que, en determinados supuestos, podría existir un incentivo para presentar denuncias falsas o sobredimensionadas. La residencia obtenida por esta vía computa como residencia legal en España y, en el caso de ciudadanos iberoamericanos, puede contar para solicitar la nacionalidad por residencia, cuyo plazo general para estos países es de dos años.
Al mismo tiempo, las cifras oficiales de «violencia de género» muestran una presencia proporcionalmente superior de mujeres extranjeras entre las denunciantes y las víctimas. En 2025, el 38,37% de las denuncias fueron presentadas por mujeres extranjeras, que representaron también el 43,8% de las víctimas mortales en los llamados feminicidios. Los agresores extranjeros supusieron el 39,6% de los casos, mientras la población extranjera ronda aproximadamente el 14% del total en España.
El aumento de estos permisos se produce, por tanto, en la intersección entre dos debates especialmente sensibles: la protección de mujeres extranjeras que denuncian «violencia de género» y el uso de los procedimientos de extranjería como mecanismo de regularización. Los datos revelan una subida muy intensa de las autorizaciones, con Colombia y Marruecos como principales países de origen y con una evolución que ha situado esta vía en máximos históricos.
