La usurpación de casas no para de aumentar en toda España. En Almería, por ejemplo, los delitos conocidos popularmente como okupaciones, pasaron en dos décadas de 30 al año a más de 300. La nueva ley de Vivienda aprobada por PSOE y Podemos el pasado año, además, incluye enmiendas para frenar los desahucios de quienes se declaren vulnerables. Esto hace aún más complicada la situación para los propietarios de casas okupadas. Según El Diario de Almería, las okupaciones alcanzaron su registro más alto en 2022, último ejercicio del que hay datos. Crecieron desde desde las 36 en 2002 a 71 en 2012 y 305 en 2022.
El allanamiento de morada se produce cuando la vivienda ocupada es la morada habitual de la persona, la casa en la que habita. La usurpación se produce cuando se permanece en una vivienda deshabitada que no es morada y sin título que habilite a vivir en ella. Las okupaciones suelen producirse en viviendas vacías, aunque no sólo.
El mismo medio recuerda que la crisis económica de 2008 colapsó los juzgados almerienses de procedimientos por impago y okupación, llegando en 2015 a la cifra de 6.670 deshaucios. Ahora, casualmente, bajan los juicios por ocupación de viviendas y desahucios a mínimos históricos en la provincia. La Sección de Estadística Judicial del CGPJ, informa de que el último ejercicio hubo 65 nuevos juicios civiles, 69 en 2022, 82 en 2021, 62 en 2020 y 85 en 2019.
El periódico también explica que entre enero y septiembre de 2023 denunciaron 222 delitos de okupaciones en la provincia. El número de detenidos e investigados por usurpaciones y allanamientos también creció hasta la cifra más alta de la serie histórica. En total hubo 127 arrestados y expedientados por vulnerar el derecho de propiedad y okupar viviendas en los nueve primeros meses del año.
