En las últimas semanas se han hecho virales en redes sociales vídeos que muestran cómo la ocupación de viviendas se está convirtiendo en una verdadera plaga en Estados Unidos, especialmente con la llegada de cientos de miles de inmigrantes ilegales. Pero Ron DeSantis está decidido que esa plaga no se instale en Florida.
El gobernador republicano promulgó el miércoles una legislación que pone fin a los derechos de los ocupantes ilegales en el estado, afirmando que la “ocupación ilegal” es una estafa que viola los derechos de propiedad privada.
«Esto es Florida y aquí estamos terminando con esta estafa de los okupas de una vez por todas. Para empezar en unos instantes voy a firmar la HB 621, que dará al propietario la capacidad de expulsar rápida y legalmente a un ocupante ilegal de su propiedad y que agravará las sanciones penales por ocupación ilegal», dijo DeSantis durante una conferencia de prensa sobre la firma en el Condado de Orange.
«No podrás apoderarte de la propiedad privada de alguien y esperar salirte con la tuya. En el estado de Florida vamos a poner fin a esta estafa de una vez por todas», agregó DeSantis.
La ley faculta a los propietarios a presentar una declaración jurada para demostrar que son propietarios legales de una propiedad. Los ocupantes ilegales responderán en un breve plazo a cargos penales una vez que se demuestre que se mudaron ilegalmente a una casa. Si el sospechoso no puede presentar los documentos que autoricen su residencia, el propietario puede llamar a la oficina del sheriff para sacar inmediatamente al ocupante ilegal de su casa.
También establece penas más severas para los delitos de ocupación ilegal, incluido «un cargo de delito grave de segundo grado contra los ocupantes ilegales que dañan una vivienda, un cargo de delito grave de primer grado contra quienes venden o alquilan fraudulentamente una propiedad, y un cargo de delito menor contra quienes presentan intencionalmente una arrendamiento fraudulento».
Anteriormente, los ocupantes ilegales en Florida, así como en otros estados, eran considerados inquilinos después de un período de tiempo específico y los propietarios legales a menudo tenían que iniciar batallas judiciales largas y costosas para desalojarlos legalmente de sus hogares.
