En un contexto de crisis múltiples en España, donde los incendios forestales devastan varias regiones y la llegada de inmigrantes ilegales tensiona los recursos públicos, Cruz Roja Española emerge como un actor central en la distribución de ayuda. Sin embargo, un examen detallado de sus presupuestos y subvenciones revela una disparidad alarmante, mientras la organización destina millones de euros —procedentes en gran medida de fondos gubernamentales— a programas de acogida integral para inmigrantes ilegales, incluyendo alojamiento en hoteles de categoría superior, las víctimas españolas de desastres naturales como los incendios reciben asistencias mínimas, limitadas a suministros básicos como colchones de baja calidad en instalaciones precarias donde pernoctan hacinados. Esta priorización no sólo cuestiona la equidad de una ONG que se presenta como imparcial, sino que también pone en evidencia posibles ineficiencias en la gestión de fondos, donde el «humanitarismo selectivo» parece anteponer obligaciones internacionales a las necesidades urgentes de los nacionales.
Analizando datos económicos concretos, extraídos de informes oficiales y subvenciones publicadas consultados por LA GACETA, Cruz Roja Española ha recibido subvenciones públicas significativas para la gestión de la inmigración en los últimos años, destacando las destinadas a programas de atención humanitaria, acogida y protección internacional.
Entre las más cuantiosas 57,25 millones de euros concedidos en 2022 por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para el sistema de acogida a inmigrantes ilegales llegados en su mayoría a través de la ruta canaria, similar a los 57,36 millones otorgados en 2021 también para la atención humanitaria a inmigrantes; en 2024,1.125 millones de euros del Ministerio del Interior para programas asistenciales en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), así como 655.278 euros de la Junta de Andalucía para acogida e integración de inmigrantes.
Otras partidas relevantes incluyen ampliaciones como los 30 millones de euros aprobados en 2023 para reforzar el sistema de acogida en Canarias, y subvenciones regionales en 2025 como 274.084 euros de Andalucía o 446.000 euros del Gobierno vasco para apoyo a solicitantes de asilo. En total, el acumulado entre 2021 y 2025 supera los 250 millones de euros sólo en programas relacionados con la inmigración ilegal, según datos de convocatorias oficiales e informes de transparencia de Cruz Roja a los que ha tenido acceso este medio.
En contraste, entre 2021 y 2025, Cruz Roja Española destinó apenas 100 millones de euros para la atención de ciudadanos damnificados por catástrofes naturales, principalmente a través de donaciones privadas, subvenciones públicas y el Fondo de Emergencia para la Respuesta a Desastres (DREF) de la Federación Internacional, menos de la mitad de lo destinado a la acogida de inmigrantes ilegales.
Un caso reciente que ha suscitado numerosas críticas se ha dado en Andalucía, donde las víctimas de incendios como el de Zahara de los Atunes fueron reubicadas en pabellones con colchones de dudosa calidad, mientras Cruz Roja enfatiza en haber activado «recursos de emergencia» que no incluyen un alojamiento digno. Esta desigualdad se agrava también en la celeridad y forma de actuar. Para los inmigrantes, la respuesta es inmediata: tras la notificación por parte de Salvamento Marítimo en Canarias se formaliza el posterior traslado de los inmigrantes ilegales a la península para su alojamiento en hoteles por meses, recibiendo además un apoyo psicológico y financiero instantáneo. En incendios, se limita a evacuaciones y suministros básicos, con testimonios de hacinamiento en gimnasios bajo temperaturas extremas recogidos por este medio.
Así, Cruz Roja privilegia la gestión de la inmigración ilegal sobre la ayuda urgente a españoles afectados por desastres como erupciones volcánicas, inundaciones o incendios, donde se limita a un rol secundario con albergues básicos y kits de supervivencia. En 2024-2025, mientras el Ministerio de Inclusión canalizó millones para la acogida de inmigrantes ilegales, las emergencias internas están siendo atendidas con migajas. Esta dinámica erosiona la confianza en una ONG más alineada con agendas políticas que con una solidaridad equitativa.
Los datos son irrefutables: Cruz Roja destina una media de más de 50 millones de euros al año para la acogida de inmigrantes ilegales, mientras que lo destinado a la atención a damnificados por catástrofes naturales apenas llega a los 20 millones de euros al año. Esta desigualdad no es accidental, sino una elección que favorece lo extranjero sobre lo nacional, socavando el principio humanitario de imparcialidad.
