La rescisión unilateral del Gobierno de Sánchez del contrato de 15 millones de balas para la Guardia Civil con la empresa israelí IMI Systems ante las presiones de Izquierda Unida ha sentado un peligroso precedente. Además de evidenciar la capacidad de los socios minoritarios para forzar decisiones de alto calado, ha encendido las alarmas en el Ministerio de Defensa por otros acuerdos firmados con compañías vinculadas a Israel, algunos de ellos de una magnitud económica muy superior, según ha avanzado The Objective.
En el centro de la preocupación está el programa SILAM (Sistema Lanzacohetes de Alta Movilidad de Misiles), adjudicado en diciembre de 2023 a la alianza empresarial entre Escribano Mechanical & Engineering y Rheinmetall Expal. Este contrato, valorado en más de 576 millones de euros, contempla la producción en territorio español de un sistema de artillería basado en la tecnología israelí PULS (Precision Universal Launch System), que sustituye al modelo estadounidense HIMARS. Aunque la relación con la firma israelí Elbit Systems se limita, según fuentes del sector, a la compra de la patente y a una transferencia de tecnología, la sombra del precedente del Ministerio del Interior ha agitado los cimientos del acuerdo.
La diferencia entre ambos contratos, insisten desde Defensa, es sustancial. Mientras el acuerdo anulado por Interior implicaba la compra directa de munición ya fabricada, el sistema SILAM se construye íntegramente en España, en concreto en la planta de EM&E ubicada en el parque tecnológico Rabanales 21 de Córdoba. Allí acudió la ministra Margarita Robles recientemente para supervisar los avances del proyecto y enviar un mensaje de tranquilidad sobre su continuidad.
Pese a ello, las tensiones dentro del Ejecutivo no han desaparecido. La amenaza de Izquierda Unida de abandonar la coalición si no se cumplía su exigencia de cancelar los contratos con empresas israelíes ha sido interpretada como una declaración de intenciones. Desde el entorno de Defensa, reconocen los nervios vividos en la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) durante los días previos al anuncio de Moncloa sobre la anulación del contrato de Interior. Temían que la ofensiva de los socios se extendiera a otros programas clave.
«No va a afectar al SILAM», aseguran fuentes cercanas al Ministerio de Defensa, intentando calmar las aguas. Sostienen que este contrato no entra en conflicto con el compromiso del Ejecutivo de no realizar nuevas compras a empresas israelíes tras el estallido del conflicto en Gaza, ya que su firma se produjo antes del 7 de octubre de 2023 y, además, no se trata de una adquisición directa de armamento extranjero.
