La riada que golpeó Valencia el 29 de octubre no habría tenido las mismas consecuencias si el barranco del Poyo hubiera contado con un cauce más amplio y preparado para dirigir el caudal hacia la Albufera sin poner en riesgo a la población. Esa actuación, prevista desde hace décadas, terminó encallando dos veces en decisiones de Gobiernos socialistas: primero con la derogación del Plan Hidrológico Nacional por parte del presidente José Luis Rodríguez Zapatero y después con la Ley de la Huerta Valenciana impulsada por el presidente Ximo Puig.

El origen del bloqueo se remonta a 2004, cuando el Ejecutivo de Zapatero anuló el Plan Hidrológico Nacional diseñado bajo el mandato del presidente José María Aznar, recuerda El Debate. Aquella decisión frenó obras hídricas en toda España, entre ellas la construcción de una presa en Cheste y las actuaciones destinadas a reforzar el barranco del Poyo. La paradoja es evidente: el Gobierno de Felipe González ya había contemplado intervenciones similares en 1995, pero el PSOE terminó tumbando un proyecto que estaba sobre la mesa desde hacía años.

Del plan elaborado por Aznar sólo vio la luz una primera fase. Tras la reforma normativa impuesta por Zapatero, cualquier intervención quedó descartada y la obra pasó a convertirse en una asignatura pendiente condenada al olvido institucional.

En 2006 se aprobó otro intento: el proyecto de Adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo, que contemplaba ampliar de forma notable la capacidad del lecho y enlazarlo con el nuevo cauce del Turia. Aquel documento fue el que más cerca estuvo de ejecutarse y en él ya figuraba la entonces secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, responsable de firmar la declaración de impacto ambiental. Pese a su rúbrica, el proyecto nunca recibió presupuesto y la DIA caducó en 2017, en plena crisis económica y con el Gobierno nacional sometido a recortes.

El año decisivo llegó en 2018. Ese mismo año en el que el presidente Pedro Sánchez accedió a La Moncloa, el Ejecutivo autonómico presidido por Ximo Puig aprobó la Ley de la Huerta Valenciana. Un documento oficial publicado en 2023 confirmó que la normativa impulsada por Puig declaraba “incompatibles” las obras necesarias para adaptar el Poyo. La ley terminó convirtiéndose en la estocada definitiva a una infraestructura reclamada durante décadas por los municipios de la ribera del barranco, que siempre advirtieron de su peligro y del desinterés con el que la obra se aplazaba una y otra vez.

Mientras tanto, los registros históricos de lluvia del 29 de octubre terminaron desbordando cualquier previsión. El barranco, seco durante gran parte del año pero tremendamente peligroso cuando recibe un caudal descontrolado, volvió a demostrar el riesgo que supone mantener paralizadas actuaciones diseñadas hace casi treinta años.

La combinación de la derogación del Plan Hidrológico Nacional y la aplicación de la Ley de la Huerta Valenciana dejó en nada la presa de Cheste, la ampliación del Poyo y el desvío del cauce. Imposible reescribir la historia, aunque resulta inevitable recordar que desde 1995 existían planes para reducir la peligrosidad del barranco y que sólo una tragedia con 229 muertos ha permitido sacar a la luz todo lo que se arrinconó en un cajón o se descartó sin contemplaciones.