La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha denunciado que las boyas instaladas por el Gobierno junto al espigón fronterizo de Ceuta llegan tarde y no impedirán nuevas entradas de inmigrantes ilegales. Su portavoz en la ciudad autónoma, Rachid Sbihu, ha cifrado entre 60.000 y 100.000 las personas que habrían cruzado la frontera durante la invasión de los últimos días.
«Las boyas son un parcheo que llega tarde y que, en la práctica, no va a servir para nada», ha afirmado Sbihu durante una entrevista en el Canal 24 Horas. El representante de la AUGC ha descrito lo ocurrido en Ceuta como una situación de «colapso y descontrol absoluto».
La organización considera que la única respuesta eficaz pasa por ampliar los espigones fronterizos. Una medida que, según Sbihu, los guardias civiles reclaman desde hace más de una década.
«Después de la tragedia de 2014 ya lo pedimos, y lo hemos reiterado con cada entrada masiva, también en mayo de 2021», ha explicado. Durante aquella oleada, cerca de 8.000 inmigrantes ilegales accedieron a Ceuta ante la pasividad de las autoridades marroquíes. La magnitud de la última invasión habría multiplicado varias veces aquella cifra.
«No entendemos cómo la frontera sur de Europa puede ser vulnerada con la facilidad que todo el mundo ha podido ver», ha lamentado el portavoz de la asociación.
La AUGC relaciona la avalancha con la sentencia del Supremo
Sbihu ha señalado como uno de los factores que dispararon las llegadas la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el pasado 8 de julio. El fallo impide aplicar el rechazo en frontera previsto en la Ley de Extranjería a las personas que acceden a territorio español por vía marítima.
«Coincide en el tiempo el anuncio de esta sentencia con un incremento considerable de las llegadas. Todos los veranos estos episodios aumentan, pero no en el volumen tan dramático de estos últimos días», ha indicado.
La resolución judicial ratificó un criterio adoptado en primera instancia en 2024. La AUGC cuestiona que el Ministerio del Interior no preparase durante esos dos años un protocolo para responder a las consecuencias operativas del fallo.
«No sé si se habían trasladado a Interior las consecuencias de esta sentencia», ha señalado Sbihu. «La pregunta es qué herramientas se van a utilizar ante la sentencia del Supremo, que prohíbe la devolución de quien entre por vía acuática, porque esas barreras y boyas son francamente vulnerables», ha añadido.
La asociación asegura que pidió en julio una reunión con la Delegación del Gobierno para conocer el alcance de la sentencia y las medidas que adoptarían las autoridades, pero no obtuvo respuesta. Los agentes también solicitaron un encuentro con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sin éxito.
Un centenar de muertos y una embarcación que hace aguas
La AUGC ha elevado a un centenar el número de personas fallecidas durante la invasión, la mayoría por ahogamiento, aunque se trata de una estimación de la propia asociación. También sostiene que ya se han confirmado 48.000 retornos a Marruecos.
A la falta de medios humanos y de planificación se suma el estado de parte del material del Servicio Marítimo. La organización ha denunciado que la nueva embarcación S-42, adquirida por 500.000 euros, permanecía inoperativa durante la emergencia por graves desperfectos que provocaban la entrada de agua.
Mientras los guardias civiles reclaman infraestructuras capaces de cerrar los accesos marítimos, el Ejecutivo ha desplegado una barrera de boyas de unos 500 metros junto al espigón fronterizo. Una actuación que la AUGC considera insuficiente frente a nuevas entradas y que, a su juicio, no resuelve la vulnerabilidad de la frontera española.
