Un exvigilante del Centro de Primera Acogida de la Casa de Campo ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional en la que acusa al director del recinto de maltratar a menores tutelados y de permitir un deterioro grave en la gestión diaria. El documento, adelantado por El Mundo, recoge supuestos episodios de violencia física, consumo y compraventa de drogas, escapadas reiteradas de jóvenes internos y la existencia de una «ley del silencio» que, según afirma el denunciante, estaría impuesta por la dirección y por la Fundación Diagrama, entidad que gestiona este y otros recursos de acogida.
El escrito detalla que, además de las presuntas agresiones directas del director —un veterano en este tipo de centros y de origen magrebí—, el verdadero problema radica en la falta de control generalizada. Asegura que numerosos menores aprovechan la permisividad para fugarse y reincidir en conductas delictivas, así como para consumir drogas. La zona más conflictiva, indica, se encuentra en el Camino del Robledal, próximo al centro de recuperación de rapaces nocturnas, donde los jóvenes asaltan a transeúntes, se enfrentan entre ellos y trafican con sustancias.
Entre los episodios que señala, destaca uno ocurrido el pasado mes de mayo: durante la comida, un adolescente fue reprendido por incumplir la norma de vestimenta y, siempre según la denuncia, el director le gritó que saliera del comedor al tiempo que lo empujaba y golpeaba en la espalda. Otros vigilantes habrían tenido que intervenir en varias ocasiones para impedir situaciones similares, la última de ellas hace apenas dos semanas.
El denunciante advierte también de que el tráfico de estupefacientes es habitual tanto dentro como fuera del recinto. Según su versión, antiguos residentes regresan con bolsas de alcohol y pastillas, que entregan a los menores incluso delante de responsables de la instalación. También afirma que existen informes internos que registran el menudeo de drogas en el interior, aunque nunca se han hecho públicos.
Otro punto que subraya es la prohibición expresa de contactar con la Policía, incluso ante hechos violentos. Los trabajadores, asegura, se exponen a sanciones disciplinarias si piden auxilio a los agentes, lo que habría generado un «blindaje de silencio» en el interior. Esta supuesta cultura de ocultamiento se extiende, dice, a los equipos educativos, que en ocasiones encubrirían conductas violentas o incluso desmentirían a los vigilantes en sede judicial, debilitando así las causas abiertas contra determinados internos.
La denuncia incluye, además, una larga lista de carencias materiales: inexistencia de chalecos anticorte ni escudos de protección, equipos de comunicación con escasa cobertura, botiquines insuficientes o uniformes que no llegan a los nuevos trabajadores. A ello se suman problemas de infraestructura como la central contra incendios, averiada desde hace más de un año, sin detectores ni pulsadores operativos.
El extrabajador señala igualmente que la dirección y la fundación gestora imponen cargas excesivas de trabajo para cubrir turnos, en un contexto en el que, a su juicio, «todo se tapa». Añade que parte de las pruebas ya fueron remitidas a la Fiscalía, sin que hasta el momento se haya producido reacción alguna, y alerta de que muchos educadores callan por miedo a represalias, pese a que —dice— los vigilantes «se juegan la vida» en estas instalaciones.
