La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, que aglutina a centenares de colectivos feministas, ha lanzado un mapa con fichas y fotos para dar a conocer el escándalo de posible malversación de caudales públicos que afecta al gabinete de Ana Redondo. Entre los presuntos casos de mal uso de fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se encuentran un total de 30 ayuntamientos gobernados por el Partido Popular (PP), al que le acusan de cometer 38 actividades ilícitas.
Entre los casos enumerados en el portal web, se encuentra un dinero invertido en una cata de chocolates en Alhama de Granada, un desfile con fiesta incluida en Plasencia (Extremadura), un cursillo en yoga para fortalecer el suelo pélvico en Jumilla (Murcia), un taller de poesía-haiku en Villa del Prado (Madrid) o un taller de hornazos y elaboración de jabones en Olula del Río (Andalucía).
El pasado 1 de abril, el grupo de feministas remitió a la ministra de Igualdad el informe, que incluía una serie de casos documentados, donde se acusaba a ayuntamientos y comunidades autónomas de hacer un mal uso de los fondos del Pacto de Estado contra la violencia machista. Dicho pacto, que este año ha distribuido 160 millones de euros, tiene como objetivo erradicar la violencia de género en España. Sin embargo, la denuncia señalaba que algunas administraciones estaban destinando estos recursos a actividades ajenas a su propósito o, en algunos casos, directamente contrarias a la lucha por los derechos de las mujeres.
Tras recibir este informe, la ministra de Igualdad respondió mediante una carta, comprometiéndose a investigar las posibles irregularidades y a tomar medidas si se confirmaba que los fondos estaban siendo utilizados de manera indebida. Si se detectan actividades inapropiadas, afirmó la ministra, dichas iniciativas dejarán de ser financiables, y se informará a los responsables. En su respuesta, también reiteró su condena hacia cualquier uso inapropiado de los recursos del Pacto de Estado que pudiera trivializar las políticas públicas contra la violencia de género, a la que definió como «la expresión más brutal de la desigualdad entre hombres y mujeres».
Este compromiso de la ministra se reforzó tras la controversia generada por un cartel del Ayuntamiento de Almería, financiado con estos fondos, que trataba el tema de la violencia sexual contra la infancia. El cartel fue criticado por sectores feministas, quienes lo acusaron de «blanquear» la pederastia. Este episodio avivó el debate sobre la correcta utilización de los recursos destinados a combatir la violencia machista.
A pesar de la promesa de la ministra, varios grupos de feministas tradicionales han continuado denunciando públicamente que diversas administraciones locales siguen utilizando parte de estos recursos en proyectos que, según ellas, no sólo se alejan de la lucha contra la violencia de género, sino que en ocasiones resultan contrarios a sus intereses.
