El Gobierno asegura que contempla «todos los escenarios posibles» para hacer cumplir la ley en Cataluña.
Cataluña se prepara para afrontar una semana clave para el 1-O puesto que las fuerzas secesionistas prevén aprobar ya la ley del referéndum ilegal y firmar el decreto de convocatoria, mientras que el Gobierno del Estado ya ha advertido de que «la democracia actuará con todas sus armas».
Después de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunciara el pasado 9 de junio su intención de convocar un referéndum contrario a la ley para el 1 de octubre con la pregunta «¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?», Junts pel Sí (JxSí) y la CUP han situado esta próxima semana como clave para pasar a la acción y aprobar el marco legal de la votación.
El Parlament iniciará a las diez de la mañana del miércoles 6 de septiembre un nuevo pleno, en cuyo orden del día no está incluida la proposición de ley del referéndum, registrada en la cámara catalana pero aún no admitida a trámite por la Mesa, si bien JxSí y la CUP barajan invocar en cualquier momento el artículo 81.3 del reglamento parlamentario para votarla sin tener que tramitarla previamente.
Otra posibilidad, aún no descartada, es que sea el Govern quien acabe aprobando este marco legal del referéndum con un decreto ley.
Una vez aprobada la ley del referéndum -en cuya votación Ciudadanos, el PSC y el PPC ya han dicho que no participarán- y de manera inmediata para no dejar margen a impugnaciones, Puigdemont firmará el decreto de convocatoria, mientras que el Parlament escogerá a los cinco miembros de la Sindicatura Electoral del 1-O.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ya ha advertido de que «el día que firmen» la convocatoria del referéndum «habrán firmado directamente que salen de la democracia» y entonces «la democracia actuará con todas sus armas».
El Gobierno contempla «todos los escenarios posibles, tiene todos los instrumentos necesarios y actuará en consecuencia» para hacer cumplir la ley, de manera que, si es necesario, podría convocar una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros a mitad de semana.
De hecho, Sáenz de Santamaría, que preside la Comisión de Secretarios y Subsecretarios de Estado, ha mantenido «activo» este órgano de coordinación estatal y ha señalado que el Ejecutivo actuará de forma inmediata en cuanto se tramiten la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica.
El Gobierno lleva semanas preparado, tanto si se pretende tramitar esas iniciativas por decreto o en un pleno, y señala que la sentencia del TC del pasado 14 de febrero ya declaró la ilegalidad del referéndum y de todos los actos preparatorios del mismo.
El TC se reúne en pleno ordinario los días 6 y 7 de septiembre, los mismos en los que se celebrará el pleno del Parlament que puede aprobar las leyes de referéndum y de transitoriedad jurídica.
Fuentes próximas al TC han señalado a Efe que una de las posibilidades es que, si es el Parlament quien tramita y aprueba las llamadas «leyes de desconexión», el Gobierno del Estado pida una ampliación del incidente de ejecución contra los pasos hacia el referéndum dados por las fuerzas separatistas.
Si es el Govern quien decide aprobarlo por decreto ley, el Ejecutivo central presentaría un recurso, que sería admitido a trámite inmediatamente por el TC -que podría ampliar el número de personas apercibidas-, de manera que el 1-O quedaría suspendido automáticamente, al igual que en la vía anterior.
El pasado 31 de julio, el TC suspendió la reforma del reglamento del Parlament, que abría otra vía para tramitar de forma exprés el referéndum, y apercibió a los miembros de la Mesa de que aplicarla acarrearía responsabilidades, incluso penales.
Semanas después, el alto tribunal, reunido también en pleno, mantuvo la suspensión de dicha reforma al rechazar el recurso de súplica que interpuso la Generalitat a la anterior resolución.
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