En el portal estadístico del Ministerio de Igualdad hay una tabla que ninguna titular del departamento ha citado nunca en público y que recoge, año tras año, el país de nacimiento tanto de las mujeres asesinadas por violencia de género como de los hombres que las mataron. LA GACETA la ha consultado para la etapa que arranca en enero de 2020, cuando Irene Montero devolvió a Igualdad el rango de Ministerio, y lo que dice es que, de los 344 agresores contabilizados desde entonces, 120 habían nacido fuera de España, es decir, más uno de cada tres (34,8%).
La cifra en bruto ya resulta llamativa, aunque sólo adquiere su verdadero sentido cuando se compara con el tamaño de cada grupo. De acuerdo con el INE, las personas nacidas en el extranjero representaron estos años el 17% de la población residente, de modo que, si los asesinatos se repartieran conforme a ese peso, les corresponderían unos 58 agresores, y no los 120 que figuran en la tabla.
Lejos de corregirse, la tendencia ha empeorado dentro de la propia etapa del Ministerio. Durante el primer trienio de Montero, entre 2020 y 2022, los agresores nacidos fuera eran tres de cada diez, mientras que en el segundo, de 2023 a 2025 y ya con Ana Redondo al frente, han pasado a ser cuatro de cada diez, con una tasa que triplica la de los españoles, 7 asesinos por millón frente a 2,3. Son diez puntos de subida en un periodo en el que el número total de asesinatos apenas ha variado, lo que significa que, cuando el Ministerio presume de que la cifra global de víctimas se mantiene en mínimos, está callando que el componente nacido fuera de España crece dentro de esa cifra y además lo hace más deprisa que la propia población inmigrante.
Cabe objetar, y es cierto, que la población nacida fuera es más joven y más masculina que la española, por lo que el ajuste por varones en edad adulta reduce la diferencia. Lo que no hace es borrarla, porque la tasa de los nacidos en el extranjero sigue claramente por encima incluso después de ese ajuste y eso convierte la sobrerrepresentación en un hecho que el Ministerio, con rango pleno desde 2020, ha preferido no analizar.
Ninguna estrategia del departamento recoge esta realidad. Ni el Pacto de Estado renovado en 2025 ni la Estrategia Estatal 2022-2025 recogieron medidas orientadas al perfil del agresor nacido en el extranjero, ni un análisis sobre las causas de su sobrerrepresentación, ni siquiera una referencia a las consecuencias que la Ley de Extranjería prevé para quienes cometen delitos graves en situación ilegal. Resulta más llamativo todavía si se tiene en cuenta que el boletín mensual de víctimas mortales desglosa a los agresores por edad, por comunidad autónoma, por relación con la víctima y hasta por el resultado de su intento de suicidio, mientras que del origen ofrece únicamente dos casillas, «España» y «otro país». El Gobierno sabe cuántos son, pero prefiere que no se sepa de dónde vienen.
Los nombres de los últimos meses ponen rostro a la estadística. En Sevilla, el 28 de septiembre de 2025, Katherine, de 28 años, fue degollada en la calle Tigris por su pareja, un colombiano de 21 años sobre el que pesaba un expediente de expulsión que había quedado suspendido precisamente porque tenía abierta una causa penal por haber intentado ahogarla meses antes en Cádiz. Aquella causa no impidió que siguiera en libertad, la expulsión nunca llegó a ejecutarse y ella, aunque figuraba en VioGén, no contaba con ninguna medida de protección. Después de matarla, él publicó un vídeo en la cuenta de Instagram de la víctima.
En Xilxes, Castellón, el 17 de febrero de este año, María José y su hija Noemí, de doce años, aparecieron degolladas en su casa a manos del exmarido —de origen magrebí—, que había sido condenado un año antes por maltrato y coacciones, tenía una orden de alejamiento vigente hasta 2027 y cuya valoración de riesgo en VioGén, días antes del crimen, era «medio».
A mediados de mayo, en Arguedas, Navarra, Saida, de 44 años, murió estrangulada por su marido; ambos eran de origen marroquí, se habían casado cinco meses antes y llevaban apenas dos viviendo en la comunidad foral. El 28 de julio, en Barcelona, Camila, brasileña de 34 años, acudió a casa de su expareja —dominicano– a recoger unos papeles y fue apuñalada delante del niño, que salió a la calle pidiendo auxilio. Y el 27 de septiembre, en Benidorm, Meriane, brasileña de 33 años, fue apuñalada y descuartizada por su pareja, un compatriota de 30, que trasladó los restos en dos maletas hasta un paraje entre Benidorm y Finestrat e intentó quemarlos con la ayuda de otros dos hombres, hoy también detenidos.
Tres de estos cinco agresores habían pasado antes por las manos del Estado, ya fuera con un expediente de expulsión sin ejecutar, con una orden de alejamiento quebrantada o con una valoración de riesgo que no activó nada. Y en cuatro de los cinco casos la mujer asesinada también había nacido fuera de España.
Igualdad conoce estos números desde hace dos décadas y los publica cada mes en una tabla que nadie lee y que ninguna ministra ha abordado en público, mientras uno de cada tres asesinos de mujeres nace fuera de España, cuatro de cada diez en los últimos tres años, y la proporción no deja de subir. Negarse a explicar por qué no es prudencia, sino una decisión política.
