La desaparición de 120.000 toneladas de carbón en el Puerto de Gijón, valoradas en más de 50 millones de euros, amenaza con hundir a la empresa pública EBHI y golpea de lleno al Gobierno de Pedro Sánchez. El cargamento llegó en octubre de 2020 desde Kazajistán a bordo del buque Berge Triglav y debía ser gestionado por EBHI, sociedad mercantil estatal controlada en un 68 % por la Autoridad Portuaria. Sin embargo, apenas dos meses después, en diciembre de 2020, la empresa Natural Mining Resources incumplió los pagos y la comercializadora suiza TELF AG reclamó la devolución de la carga. Para entonces, el carbón ya había desaparecido «como por arte de magia».
El juzgado de Gijón ha reabierto ahora la investigación tras cinco años de parálisis judicial, poniendo bajo sospecha a tres exdirectivos: José Manuel del Arco, ex director de la Autoridad Portuaria; Lucía Herrero, directora general de EBHI; y Amalio Álvarez, director de operaciones. La compañía suiza TELF AG exige una indemnización millonaria por el mineral perdido y ya ha ganado la propiedad del cargamento en varias instancias internacionales, desde la Corte de Arbitraje Internacional en 2021 hasta un tribunal londinense en 2022.
EBHI reconoce en documentos judiciales que una eventual condena la llevaría a la quiebra, con apenas 600.000 euros de beneficio frente a una reclamación de más de 50 millones. El escándalo ha provocado una cascada de dimisiones en la cúpula y destapado tensiones internas. El propio expresidente de la Autoridad Portuaria, Laureano Lourido, denunció en su salida la «colonización socialista» de la entidad, apuntando a la llegada de Nieves Roqueñí, exconsejera del Gobierno asturiano de Adrián Barbón, como parte de una operación para controlar políticamente el puerto desde el PSOE.
La trama se agrava por la desaparición de las grabaciones de seguridad de finales de 2020, eliminadas por un supuesto «fallo informático» en una zona aduanera fuertemente vigilada. A ello se suma que el mineral se volatilizó en pleno auge del precio del carbón, que entre 2020 y 2022 llegó a cuadruplicar su valor. La hipótesis más repetida es que fuera desviado a Marruecos o introducido en industrias locales, mezclado con carbón nacional de peor calidad.
El Musel, principal puerto español en tráfico de graneles sólidos, queda así bajo la sombra de la corrupción y el clientelismo. Las responsabilidades no se limitan al ámbito empresarial: EBHI es una sociedad estatal, y la falta de controles compromete directamente al Gobierno de Pedro Sánchez, principal accionista a través de la Autoridad Portuaria. La desaparición de un cargamento tan voluminoso, que hubiera requerido 5.000 camiones para moverlo, sólo es posible por la opacidad, negligencia y politización que marcan la gestión socialista de las infraestructuras públicas.
