La Policía Nacional ha desarticulado desde Jaén una organización criminal que habría obtenido hasta 30 millones de euros favoreciendo la inmigración ilegal, mediante la simulación de parejas de hecho y la falsificación sistemática de documentación oficial. La operación, denominada Vínculo, se ha saldado hasta el momento con 48 detenidos y más de 300 expedientes de residencia bajo investigación en todo el territorio nacional.
La trama se dedicaba a introducir ciudadanos de origen magrebí en España, principalmente marroquíes, a los que regularizaba su situación administrativa tras registrarlos como parejas estables de ciudadanas españolas, con las que no existía ningún vínculo personal previo. La investigación se inició en febrero tras detectarse tres empadronamientos fraudulentos en el municipio jiennense de Torredonjimeno, que acabaron destapando una red de alcance nacional.
El modus operandi consistía en empadronar previamente a las falsas parejas en Barcelona y formalizar después la inscripción como Pareja de Hecho en notarías de esa ciudad, lo que permitía a los inmigrantes obtener la Autorización de Residencia de Familiar Comunitario, válida por cinco años y con permiso para trabajar en España. La mayoría de las mujeres españolas utilizadas en la trama residían en la provincia de Málaga, según los investigadores.
Los cabecillas de la organización, de nacionalidad española y marroquí, captaban a los inmigrantes en países como Francia y Bélgica, a los que cobraban entre 8.000 y 12.000 euros por persona a cambio de gestionar todo el proceso de regularización fraudulenta. La red operaba de forma estructurada y jerarquizada, con presencia en Barcelona, Málaga, Melilla y Tenerife, y con funciones claramente repartidas entre sus miembros.
Además de los líderes, la organización contaba con captadores, encargados de localizar a mujeres españolas dispuestas a prestar su identidad; facilitadores, que se ocupaban de obtener y confeccionar la documentación falsa necesaria; y las denominadas «mulas», responsables de mover y transferir el dinero procedente de la actividad ilícita. A todos los detenidos se les imputan delitos de falsedad documental, favorecimiento de la inmigración ilegal y pertenencia a organización criminal, aunque por el momento ninguno ha ingresado en prisión.
La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones, mientras la Policía revisa cientos de expedientes de residencia que podrían haber sido concedidos de manera fraudulenta, en un nuevo caso que pone de relieve la existencia de auténticas mafias dedicadas a mercadear con la inmigración ilegal y los permisos de residencia en España.
