Las autoridades colombianas han desarticulado parte de una red criminal dedicada a la venta fraudulenta de documentación nacional a extranjeros que buscaban entrar en España y otros países europeos sin necesidad de visado. La trama cobraba entre 1.000 y 4.000 euros por obtener certificados de nacimiento, documentos de identidad y pasaportes colombianos auténticos, pero conseguidos de forma ilegal.
Según informa El Español, el caso salió a la luz tras las sospechas de agentes de Migración Colombia en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, donde comenzaron a detectar un patrón repetido: ciudadanos con acento dominicano que viajaban hacia España con pasaporte y DNI colombianos aparentemente legales.
Según explicó la directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, los primeros casos generaron inquietud entre los funcionarios. Los documentos eran auténticos, pero los viajeros no parecían tener arraigo real en Colombia. Tras varios controles, las autoridades descubrieron que muchos de ellos habían ingresado al país con documentación de su país de origen y, pocos días después, intentaban salir hacia Europa con papeles colombianos.
Desde entonces, las autoridades han detectado 965 personas con documentos colombianos obtenidos de forma fraudulenta. De ellas, 850 son naturales de República Dominicana, mientras que el resto proceden de países como Venezuela, Ecuador, Cuba, Líbano, Palestina y Haití.
La clave del fraude estaba en el valor migratorio del pasaporte colombiano. A diferencia de los ciudadanos dominicanos o ecuatorianos, los colombianos no necesitan visado para entrar en el espacio europeo desde 2014. El pasaporte colombiano permite viajar sin visa a 135 países, frente a los 74 del pasaporte dominicano.
Una vez en España, los beneficiarios de esta documentación podían intentar acceder con el tiempo a trámites de residencia, al NIE, a la sanidad pública e incluso abrir la vía hacia una futura nacionalización.
El procedimiento comenzaba con la obtención fraudulenta de un certificado de nacimiento colombiano. A partir de ese documento, los compradores podían solicitar el DNI y posteriormente el pasaporte. Según Arriero, el precio variaba en función de la urgencia del solicitante: entre 1.000 y 4.000 euros.
La investigación permitió identificar la participación de funcionarios del Registro Civil colombiano. En una operación conjunta con la Fiscalía General de la Nación, las autoridades capturaron a 18 personas vinculadas a la expedición irregular de documentos.
«No se trata de falsificadores de pasaportes», advirtió Arriero, sino de una estructura más peligrosa: una red capaz de insertar datos fraudulentos en el sistema oficial para producir documentos auténticos desde el propio aparato administrativo.
Ante el aumento de casos, los agentes de Migración Colombia comenzaron a aplicar controles específicos. A los viajeros sospechosos se les realizaban preguntas básicas sobre geografía, cultura e identidad nacional colombiana, como la ubicación de ciudades, platos típicos o fragmentos del himno nacional. También se revisaba la fecha de ingreso al país, ya que muchos permanecían apenas dos semanas en territorio colombiano antes de intentar viajar con documentación nacional.
Cuando los controles en Bogotá se endurecieron, la red habría cambiado sus rutas. Algunos extranjeros empezaron a ingresar por la frontera terrestre con Ecuador, en Tulcán, mientras que otros utilizaron aeropuertos de Cartagena de Indias, Medellín o Cali, donde los filtros eran menos estrictos que en la capital.
Las autoridades colombianas investigan todavía la continuidad de la trama. Uno de los presuntos cabecillas, Pedro Antonio Pereira de Jesús, alias «Alexis», cuenta con una circular azul de Interpol por su presunta implicación en delitos de tráfico de migrantes y concierto para delinquir. La organización a la que se le vincula operaba bajo el nombre de Europe Express. Otra de las supuestas responsables sería la colombiana Diana Janne Gamarra.
Aunque Europe Express fue desarticulada hace menos de un año, las autoridades sospechan que otra estructura asumió el control del negocio. Sólo en 2026 se han registrado 29 nuevos casos.
Migración Colombia también ha detectado documentos españoles presuntamente falsos. Hace dos semanas, según Arriero, fueron identificados dos ciudadanos dominicanos con supuestas residencias españolas falsas que habrían sido obtenidas también en Colombia.
Los extranjeros sorprendidos con documentación ilegal u obtenida de forma fraudulenta son multados, deportados y sancionados con una prohibición de entrada a Colombia durante seis meses. Bogotá ya ha alertado a las autoridades europeas y trabaja con agencias estadounidenses y con Eurofront para detectar este tipo de redes.
