Los Mossos d’Esquadra ha detenido a un imán del barrio de la Marca de l’Ham, en Figueras (Alto Ampurdán), por presuntos abusos físicos y maltrato a menores en el seno de una madrasa local. El arrestado, un varón de unos 40 años y origen extranjero, llevaba apenas dos años en territorio español y residía con su familia en una vivienda ocupada, junto a su esposa y sus cuatro hijos.
Aunque en un primer momento se filtró que podría haber emitido mensajes de corte extremista, finalmente la policía catalana descartó esa acusación. Sin embargo, varias familias de la comunidad musulmana que presentaron denuncias mantienen que el detenido promovía ideas radicales, como la obligación del uso del velo incluso entre niñas pequeñas.
Los hechos denunciados habrían tenido lugar entre finales de 2024 y principios de este año, en el marco de las clases que el imán ofrecía en una escuela islámica informal vinculada a la mezquita del barrio. Aunque no tenía formación reconocida ni aval académico, impartía lecciones de lengua árabe y enseñanzas coránicas a cambio de cuotas mensuales que oscilaban entre los cinco y diez euros. Según varios testimonios, utilizaba varas o azotes como método disciplinario con los menores.
El hombre fue retenido durante la noche en dependencias policiales, pero ya se encuentra en libertad. La Policía Nacional está valorando la posibilidad de proceder a su expulsión del país. El caso ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la falta de supervisión en ciertos espacios religiosos de Cataluña.
Desde los atentados de 2017 en La Rambla de Barcelona y en Cambrils, las fuerzas de seguridad han advertido del crecimiento de la ideología salafista en la región. En su momento, informes policiales estimaban que aproximadamente uno de cada tres centros de culto islámico catalanes estaba vinculado con esta corriente ultraconservadora. No obstante, el número actual es incierto, ya que no existe un registro oficial y actualizado de mezquitas operativas.
La ausencia de un censo concreto de centros islámicos dificulta enormemente las labores de prevención y control, lo que, según expertos, podría permitir que ciertos espacios religiosos se conviertan en focos de adoctrinamiento. Pese a que en el pasado se propuso la creación de un registro para facilitar la supervisión, la iniciativa acabó desvaneciéndose sin materializarse.
