El economista Ramón Tamames va a encabezar la moción de censura impulsada por VOX contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un instrumento constitucional con el que trata de frenar la acción del Ejecutivo contra el interés general de los españoles. Hoy, España está más indefensa, y los españoles están más arruinados y más inseguros en sus barrios.
Así, son varias las razones para censurar al Ejecutivo:
La gran mentira a los españoles. Pedro Sánchez llegó a La Moncloa mintiendo a los españoles al asegurar que nunca iba a pactar con Podemos –«no dormiría tranquilo» con ministros de Podemos, dijo– ni con los separatistas y filoetarras. Hoy, Podemos sigue formando parte del Ejecutivo y los separatistas y filoetarras son sus principales socios y aliados, y rigen el destino de España.
Los golpistas del 1-O fueron indultados y ya sólo quedan siete etarras fuera de las cárceles del País Vasco y Navarra. El 96% de los 178 presos de la banda terrorista ETA han sido acercados a estas dos regiones, pese que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó en 2018 que los acercamientos «serían puntuales» y con «presos sin delitos de sangre».
Asalto a la Justicia. El Ejecutivo, en su obsesión por controlar todas las instituciones del Estado, ha dado distintitos pasos para acabar con los últimos vestigios de la separación de poderes en España. Ya controla el Tribunal Constitucional tras la designación del exministro Juan Carlos Campo y la exalto cargo de Moncloa Laura Díez. El presidente del máximo intérprete de la Constitución es Cándido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado en la época de José Luis Rodríguez Zapatero. La nueva mayoría –autodenominada progresista– del TC ya ha validado la ley de plazos del aborto, y pretende validar la de la eutanasia y otras leyes ideológicas de Sánchez.
La derogación del delito de sedición. En la línea del asalto a la Justicia, el Gobierno derogó el delito de sedición «para inmunizar al separatismo» y dejar al Estado sin respuesta ante eventuales ataques a la unidad de la nación. También –para salvar a sus socios– limitó el delito de malversación a los supuestos en los que existe una «apropiación» personal de dinero público.
Dos estados de alarma y el cierre del Congreso declarados ilegales. El Tribunal Constitucional resolvió que los dos estados de alarma y el cierre del Congreso de los Diputados declarados por el Gobierno fueron ilegales, una decisión que en otro país habría conllevado la dimisión del Ejecutivo. En España se pasó de un estado de excepción encubierto a un estado de alarma con pretensiones de perpetuidad que restringió los derechos y las libertades de los españoles.
Beneficios a más de medio millar de delincuentes sexuales. El número de delincuentes sexuales que se han visto beneficiados por la ley del «sólo sí es sí» aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez e Irene Montero asciende a más de 540 entre revisiones de condena a la baja y sentencias posteriores en aplicación de la norma. Desde el mes de octubre, cuando entró en vigor la reforma, se ha ordenado la excarcelación de casi 50 delincuentes sexuales. Pese a que el PSOE quiere ahora reformar la norma, los efectos a día de hoy ya son irreversibles.
Desindustrialización y desmantelamiento del tejido productivo. La aplicación de políticas en consonancia con la Agenda 2030, que busca la destrucción de las clases medias y la liquidación de la soberanía de las naciones, ha provocado el cierre de la industria en España. Las exigencias de la «religión climática», los impuestos abusivos y la «competencia desleal» generada por empresas que producen con mano de obra esclava provoca que los productores españoles no puedan competir en igualdad de condiciones.
Paro crónico y grave situación económica. España cuenta con una tasa de paro del 13,1%, la mayor tasa de toda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y prácticamente el doble que la media de los países de la eurozona. Además, tiene la mayor tasa de paro entre los jóvenes, con casi tres de cada diez menores de 25 años –29,6%– desempleados. A la vez, el Ejecutivo ha empobrecido más a la familia españolas, la inflación ha acabado con los ahorros, y se han disparado los precios de los bienes de primera necesidad y los suministros.
Expolio fiscal… y despilfarro ideológico. España cuenta con un sistema fiscal confiscatorio que lleva a que los trabajadores dediquen la mitad del año a trabajar para pagar impuestos. Así, España fue el tercer país de la OCDE donde más creció la presión fiscal en los últimos diez años. A la vez, se aplica los tipos impositivos más altos del mundo en sucesiones, donaciones y patrimonio.
Mientras, los Presupuestos de 2023 expanden el gasto y asfixian a las familias para mantener los caprichos ideológicos del Gobierno. En este sentido, se presupuestó casi 25 millones para aplicar la Agenda 2030; más de 7,48 millones para la dirección general de derechos de los animales; o 573 millones para el Ministerio de Igualdad.
Inseguridad en los barrios e inmigración ilegal. La inseguridad en los barrios, especialmente en los más desfavorecidos y humildes, se ha acentuado con Pedro Sánchez en La Moncloa. Las familias no están seguras en las calles y se han multiplicado las tasas de delincuencia a la vez que se ha alentado el «efecto llamada» migratorio. Casi 225.000 ilegales han llegado a España desde que el PSOE volvió al poder en 2018.
Leyes ideológicas y adoctrinamiento educativo. El Gobierno ha impulsado leyes ideológicas como la de la eutanasia o el aborto, que acaba con el periodo de reflexión de la madre e impulsa un registro de médicos objetores de conciencia; la ley trans, que permite que cualquier persona pueda cambiar de sexo en el registro civil sin necesidad de presentar informes médicos o psicológicos; o la nueva ley de memoria democrática, que impone una verdad oficial –y hemipléjica– sobre la historia de España. A la vez, se adoctrina en los colegios a espaldas de los padres y se ha terminado con la educación como ascensor social.
