La ex vicepresidenta del Gobierno y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, negó este lunes en el Senado haber tenido conocimiento de contactos entre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) y el empresario investigado Víctor de Aldama, pese a la existencia de documentación que acredita una operación inmobiliaria de hasta 250 millones de euros sobre activos públicos en Madrid.
Durante su comparecencia en la comisión de investigación, Montero respondió con un tajante «yo no tengo esa carta y me extraña muchísimo la existencia de ninguna carta en ese sentido» a la portavoz de VOX, Paloma Gómez, que le interpeló por un documento interno que daba margen a Aldama para intermediar en la venta de varios edificios del grupo estatal.
Sin embargo, los registros y comunicaciones internas muestran que sí existió un intercambio por escrito entre Aldama y la Sepi. El empresario se ofreció a intermediar en la venta del complejo Campos Velázquez, un conjunto de seis edificios situado en el barrio de Salamanca de Madrid, con una superficie cercana a los 40.000 metros cuadrados y que alberga sedes de la propia Sepi, Sepides o Navantia.
La iniciativa partió a finales de 2018 a instancias de Koldo García, entonces asesor del ministro de Fomento José Luis Ábalos, que trasladó a Aldama el interés del Gobierno por obtener liquidez mediante la venta de patrimonio inmobiliario estatal. La operación se canalizó a través de Sepides, cuyo presidente era Antonio Cervera, persona de confianza de Montero y posteriormente nombrado director general en el Ministerio de Hacienda.
En marzo de 2019, Cervera respondió a la propuesta indicando que estaba siendo analizada. Apenas un mes después, Aldama presentó una oferta preliminar: un acuerdo con el fondo Platinum Real Estate, con sede en Hong Kong, para adquirir la sede de la Sepi por 201 millones de euros, sin IVA. La propuesta, firmada por el empresario Harry Hassomal Mohinani, fue registrada oficialmente para su estudio durante un plazo de 90 días.
Pese a ello, Montero evitó explicar este episodio en el Senado y restó credibilidad a su existencia, sin aclarar por qué una persona de su entorno directo, como Cervera, mantenía contactos con un intermediario ahora investigado por corrupción.
Fuentes próximas a Aldama sostienen que la operación no llegó a cerrarse, pero confirman que trabajó durante meses con conocimiento del grupo estatal. Lo hizo a través de Pilot Real Estate, en un contexto en el que incluso se plantearon aplazamientos fiscales vinculados a la operación.
El caso se enmarca en una cadena de decisiones bajo la etapa de Montero al frente de Hacienda que también fue cuestionada durante la sesión.
«Yo nunca he visto un expediente de los que se estaba trabajando respecto a dar un préstamo o respecto a denegarlo», afirmó la exministra, que justificó su actuación en la confianza en los órganos técnicos de la Sepi.
La comparecencia dejó además otro punto de fricción en torno a la gestión del entonces presidente de la Sepi, Vicente Fernández, también investigado. Montero alegó la pandemia para justificar su continuidad en el cargo, pese a que su dimisión se produjo en octubre de 2019, meses antes del estallido de la crisis sanitaria. El senador Camps replicó: «¿Sabía que llegaría la pandemia? ¿Es usted pitonisa?».
La negativa de Montero a dar explicaciones sobre los contactos con Aldama y las contradicciones en torno a la gestión de la Sepi refuerzan las dudas sobre el control político de operaciones que afectaban a patrimonio público millonario y a decisiones clave adoptadas durante su etapa en el Gobierno.
