Nuevas revelaciones documentales desmienten el relato oficial del Gobierno y destapan las verdaderas decisiones tomadas durante la pandemia. Según documentos a los que ha tenido acceso El Debate, el exministro de Sanidad y actual presidente del Gobierno de Cataluña, Salvador Illa, instruyó que las personas mayores con coronavirus fueran agrupadas en residencias, impidiendo su traslado a hospitales.
Este descubrimiento desmonta la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez de cargar la responsabilidad sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, a quien se señala por los fallecimientos en las residencias madrileñas. Sin embargo, los documentos evidencian que la orden vino directamente del Ministerio de Sanidad, que optó por aislar a los ancianos enfermos en las residencias en lugar de derivarlos a hospitales.
Aislamiento forzado en residencias pese a conocer la letalidad del virus
El Ministerio de Sanidad estipuló que los ancianos con síntomas de coronavirus debían ser aislados dentro de las propias residencias. Si no era posible mantenerlos en habitaciones individuales, debía recurrirse al «aislamiento por cohorte», es decir, concentrarlos juntos en un mismo espacio, aumentando el riesgo de contagio y complicaciones. Estas directrices fueron emitidas a pesar de que el Gobierno era plenamente consciente de la letalidad del virus. Un informe oficial fechado el 31 de enero de 2020 reconocía que la mortalidad en personas de entre 70 y 79 años era del 8% y que para los mayores de 80 años se disparaba al 14,8%.
El 5 de marzo de 2020, nueve días antes de que el Gobierno decretara el estado de alarma, Sanidad emitió un documento en el que establecía que los ancianos debían permanecer en las residencias con movimientos restringidos al máximo, aún cuando la sanidad pública y privada no se encontraban colapsadas. Según fuentes hospitalarias, no existía justificación alguna para impedir la hospitalización de los enfermos.
El Gobierno priorizó a los presos sobre los ancianos
Mientras el Ministerio de Sanidad prohibía que los ancianos fueran atendidos en hospitales, un tercer documento firmado junto a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias establecía que los presos que presentaran síntomas graves sí podían ser trasladados a centros médicos. «No se realizarán conducciones o traslados de los casos posibles o confirmados, salvo por razones de necesidad estrictamente sanitarias», señala el informe, reconociendo que la hospitalización era una medida adecuada en determinados casos, pero negándola a la población anciana.
Uno de los episodios que evidencia esta discriminación fue el caso de una anciana en Parla, quien tras acudir al Hospital Universitario Infanta Cristina con síntomas compatibles con COVID-19 fue rechazada por los sanitarios y devuelta a la residencia, donde falleció tres días después.
