Cuatro años después de la pandemia de covid-19, muchas familias siguen exigiendo en los tribunales responsabilidades por lo ocurrido durante la primera oleada del virus cuando perdieron a sus seres queridos en residencias de mayores.
Algunas de estas familias, cuyas historias recoge en un reportaje El País, perdieron a sus familiares cuando estos no fueron trasladados al hospital a pesar de su mal estado de salud; otras ni siquiera tuvieron la opción de visitar a sus seres queridos antes de que falleciesen al no recibir la asistencia sanitaria necesaria.
Las residencias se convirtieron en un foco mortal durante aquellos días, ya que albergaban a la población más vulnerable al virus. Hasta enero de 2023, unas 35.000 personas que vivían en estos centros murieron en España, muchas sin siquiera hacerse un test en los primeros meses. Madrid fue la comunidad más afectada, con protocolos que limitaban la derivación de personas dependientes al hospital.
En todo el país, las familias afectadas han llevado sus casos a la justicia, aunque el proceso es complejo y no hay estadísticas claras sobre cuántos procedimientos están en marcha. Según datos de la Fiscalía General del Estado, en septiembre de 2022 había 106 procesos judiciales activos, y en Madrid, a finales de marzo, 72 procedimientos penales seguían abiertos. Sin embargo, los expertos señalan que es difícil probar que la falta de atención hospitalaria causó directamente las muertes, lo que complica las demandas penales. Muchos abogados ven más factible seguir vías civiles o contencioso-administrativas.
Las familias que han decidido emprender acciones legales se enfrentan a un arduo camino. La portavoz de Marea de Residencias, Carmen López, describe a El País el proceso judicial como un «suplicio». Ningún caso penal ha llegado a juicio en Madrid; muchos se archivan en la fase de instrucción.
La decepción es generalizada. Amnistía Internacional y los familiares han criticado la inacción de la Fiscalía, mientras que expertos como José Antonio Martín Pallín, exmagistrado del Tribunal Supremo, argumentan que la falta de derivaciones hospitalarias durante aquellos días fue contraria a los principios básicos de la medicina. En Madrid, se estima que el 45% de las personas derivadas a hospitales sobrevivieron, lo que indica que muchas vidas podrían haberse salvado con una mejor gestión. En Cataluña, la situación no fue mejor. María José Carcelén, de la Coordinadora de Residencias 5+1, lamenta que muchas denuncias fueron archivadas sin una investigación adecuada.
