Agentes de la Policía Nacional han detenido en Tudela (Navarra) a dos personas acusadas de cobrar entre 300 y 700 euros a ciudadanos extranjeros a cambio de empadronamientos ficticios, en una trama que también incluía presuntos delitos de estafa, falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal. La investigación comenzó tras detectar la Policía Local de Tudela diversas irregularidades en los registros de empadronamiento vinculados a dos viviendas situadas en la avenida de Zaragoza.
Los agentes observaron un aumento inusual de solicitudes de empadronamiento en ambos domicilios, así como dificultades posteriores para comprobar quién residía realmente en ellos. Las pesquisas permitieron identificar hasta quince solicitudes de empadronamiento en una de las viviendas y cincuenta y seis en la otra. En este último caso, uno de los implicados había intentado tramitar hasta veintidós empadronamientos en un sólo año.
Según la investigación, los detenidos ofrecían a ciudadanos extranjeros el alquiler ficticio de una habitación junto con el empadronamiento en la vivienda, cobrando por ello cantidades que oscilaban entre los 300 y los 700 euros. Sin embargo, en muchos casos el trámite nunca llegaba a formalizarse ante el Ayuntamiento, o bien las personas empadronadas no residían realmente en el domicilio.
Los investigadores comprobaron además que uno de los arrestados ya había sido investigado anteriormente por actividades similares, tras ser denunciado en 2025 por vender falsos precontratos de trabajo a extranjeros prometiéndoles un alta en la Seguridad Social que nunca se producía. En aquel caso llegó a estafar 3.000 euros a una de las víctimas.
La Policía Nacional mantiene la investigación abierta para determinar el alcance total de la red y la posible implicación de más personas. Desde las fuerzas de seguridad recuerdan que el empadronamiento es un trámite administrativo que acredita la residencia en un municipio y puede utilizarse para acceder a determinados servicios públicos o acreditar periodos de permanencia en España, por lo que su uso fraudulento constituye un delito.
