«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
El adulto se abalanzó sobre la niña en el sofá

Dos inmigrantes violan a una niña de 13 años en Bullas (Murcia) en el dormitorio de su vivienda

Dos guardias civiles pasean por la calle. Europa Press

Un hombre de 27 años y origen inmigrante ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Murcia a 12 años y medio de prisión por violar a una niña de 13 años en un domicilio de Bullas (Murcia), donde tuvo lugar la agresión en noviembre de 2022. Además de la pena de cárcel, deberá indemnizar a la víctima con 20.000 euros por daños morales y tendrá prohibido acercarse a menos de 500 metros de ella durante 20 años, según adelanta La Opinión de Murcia. También estará inhabilitado para cualquier profesión que implique contacto con menores.

Los hechos ocurrieron en la casa del condenado, quien había entregado las llaves de su vivienda a un amigo suyo, menor de edad, de 17 años en ese momento. Según el relato de hechos probados, los dos individuos estaban con la menor en el salón cuando le propusieron mantener relaciones sexuales, a lo que ella se negó. Fue entonces cuando el adulto se abalanzó sobre la niña en el sofá, mientras el menor la sujetaba para facilitar el ataque. Finalmente, la llevaron al dormitorio, donde el hombre mayor consumó la violación. Tras el abuso, la menor logró escapar de la vivienda.

La joven tardó dos meses en confesar a su padre lo que había sucedido, relatando que un amigo y un compatriota de este la habían agredido sexualmente. El progenitor denunció los hechos en el cuartel de la Guardia Civil, iniciándose la investigación que llevó a la identificación y enjuiciamiento de los responsables.

El menor implicado admitió su participación ante el Juzgado de Menores, lo que permitió llegar a un acuerdo de conformidad que resultó en su internamiento en un centro especializado. Mientras tanto, el adulto fue procesado en la Audiencia Provincial de Murcia, que dictó la sentencia condenatoria.

La resolución también establece que, tras su liberación, el condenado deberá someterse a un régimen de libertad vigilada durante siete años. Estas medidas buscan garantizar la protección de la víctima y evitar futuros riesgos.

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