El número de personas afectadas por la okupación continúa en aumento mientras el Gobierno del PSOE agrava el problema de vivienda que, según muchas víctimas, ha contribuido a crear. Este es el caso de Juan Pedro, un conductor de autobuses de Parla con el que ha contactado el diario Libremercado y que lleva 21 meses sin recibir el alquiler de su vivienda por parte de una familia marroquí que, amparada en el polémico decreto antidesahucios, se niega a abandonar el inmueble.
La historia de Juan Pedro comenzó cuando, debido a dificultades económicas en 2020, se vio obligado a alquilar el piso que había heredado de sus padres y que había comprado a sus hermanos para conservar los recuerdos de su infancia. A través de un conocido, arrendó la vivienda a un matrimonio marroquí con cinco hijos adultos, a un precio muy por debajo del mercado: 400 euros mensuales. Sin embargo, desde el principio tuvo que estar detrás de ellos para que cumplieran con los pagos.
En 2021, la situación empeoró cuando Juan Pedro y su pareja, que estaba embarazada, decidieron no renovar el contrato de alquiler que vencía en febrero del año siguiente, ya que necesitaban la vivienda para ellos. Informaron a los inquilinos con antelación, tanto en persona como a través de un burofax. No obstante, tres meses antes de la fecha límite, los inquilinos dejaron de pagar, amparándose en el decreto antidesahucios del Gobierno de Pedro Sánchez, aprobado en plena pandemia de coronavirus.
La noticia llegó en el peor momento para Juan Pedro, que acababa de perder su empleo y estaba esperando un hijo. Sin otra opción, él y su pareja se mudaron temporalmente a casa de sus padres, mientras interponían una denuncia. Sin embargo, la situación se volvió insostenible, lo que les llevó a mudarse a un pequeño pueblo de Toledo, donde pudieron adquirir una vivienda con los ahorros de su pareja. Ahora, enfrentan el reto de pagar dos hipotecas mientras continúan sin recibir ingresos del alquiler de su propiedad en Parla.
A pesar de que el juez fijó el desahucio para enero pasado, el proceso fue paralizado cuando los inquilinos se declararon «vulnerables», tal y como ya habían advertido. Juan Pedro también ha solicitado que se le reconozca como vulnerable, pero se lamenta de que no recibe la misma consideración. A su frustración se suma la percepción de que las autoridades locales, donde también gobierna el PSOE, no están prestando atención a su situación.
Juan Pedro denuncia que sus inquilinos, lejos de ser vulnerables, disponen de recursos suficientes para pagar el alquiler. El cabeza de familia cobra una pensión de jubilación y su esposa recibe una ayuda, mientras que sus cinco hijos adultos trabajan, y una de ellas incluso posee dos pisos en Vitoria. A pesar de esto, han optado por aprovecharse de la situación, mientras Juan Pedro y su pareja lidian con la ansiedad y el estrés que todo esto les ha provocado. En una ocasión, cuando contactaron con él, le dijeron lo siguiente: «Me llamó su hijo y me dijo que, si el PSOE seguía ganando, no les iba a poder echar nunca«.
