Alrededor de cien vecinos se congregan todas las semanas frente al antiguo Casino de Albarrosa en Viladecans (Barcelona) para expresar su malestar por la situación actual del lugar, que en el pasado fue un popular punto de encuentro para la comunidad, ofreciendo espacios para el ocio, la gastronomía y el deporte. Desde hace años, el edificio ha estado abandonado por la empresa pública Sareb y ha sido okupado, lo que ha generado problemas significativos en la zona.
«No podemos vivir con este miedo. No puede ser que vaya a echar la basura o a casa de mi madre con miedo por que pueda haber algún tipo de represalia por parte de ellos. Me estoy planteando vender la casa porque no tengo porqué sufrir esto, no le he hecho nada malo a nadie», ha comentado Pedro, vecino, en el programa Vamos a Ver.
El Casino de Albarrosa ha sido escenario de numerosos altercados, con ruidos, peleas y presuntos casos de maltrato que han perturbado la vida de los residentes cercanos. A pesar de la normativa vigente, como la ordenanza reguladora del ruido aprobada en 2010, que prevé multas de hasta 300.000 euros por no respetar el descanso nocturno, no se tiene constancia de que los ocupantes hayan sido sancionados. Esta normativa también establece un horario de «respeto al silencio» desde las 23:00 horas hasta las 8:00 de la mañana, pero las quejas por ruidos y disturbios continúan sin respuesta.
Ante esta problemática, un numeroso grupo de residentes ha formado la plataforma ‘Casino de Albarrosa’, con el objetivo de defender su barrio y exigir una intervención por parte del ayuntamiento. Los miembros de esta plataforma han manifestado su disposición a luchar hasta las últimas consecuencias para revertir la situación que han estado soportando en los últimos años.
Los manifestantes denuncian que la situación en el antiguo casino ha empeorado con el tiempo, ya que los ocupantes no solo generan ruido, sino que también han incurrido en actos de violencia e intimidación contra los vecinos. Ante esta situación, los residentes insisten en que las autoridades locales y las fuerzas de seguridad deben tomar medidas más efectivas para poner fin a los conflictos y restaurar la paz en la comunidad.
