Estados Unidos tenía preparado el pasado 19 de mayo un dispositivo para retener al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el Aeropuerto Internacional Las Américas de Santo Domingo, en República Dominicana, e impedir que viajara a Caracas, según publica Vozpópuli. La operación habría sido ordenada por el Departamento del Tesoro norteamericano el mismo día en que la Audiencia Nacional notificó al exdirigente socialista su imputación en el caso Plus Ultra.
La intención de Washington, según la información citada, era interceptar a Zapatero durante su escala en la isla caribeña, notificarle su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y devolverlo a Madrid. La inclusión en esa lista implica un estricto régimen sancionador para los afectados, con medidas como la inmovilización de cuentas bancarias y la prohibición de entrada en territorio estadounidense.
El expresidente tenía previsto viajar desde Madrid a República Dominicana en un vuelo regular de Air Europa junto a varios familiares. Desde allí, según las fuentes consultadas por el citado medio, debía ser trasladado a Caracas en un avión fletado por el Palacio de Miraflores.
El plan de la Casa Blanca habría sido preparado con antelación ante la sospecha de que Zapatero pudiera ocultar pruebas en Venezuela sobre sus actividades económicas en el país. Las autoridades norteamericanas, de acuerdo con esa versión, conocían sus planes de viaje y tenían constancia de una reunión prevista con el presidente de la Asamblea Nacional venezolana Jorge Rodríguez y con la presidenta provisional Delcy Rodríguez, hermana de este.
La operación coincidió con una jornada clave para el caso Plus Ultra. Ese mismo 19 de mayo, la Audiencia Nacional notificó a Zapatero su imputación y ordenó registros en su despacho y en una empresa vinculada a sus hijas. La investigación se dirige contra el expresidente por presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y organización criminal en torno al rescate público de la aerolínea de capital venezolano.
A esa causa se ha sumado ahora una pieza separada por presuntos delitos de contrabando y fraude fiscal, abierta tras la intervención de joyas valoradas en 1,3 millones de euros. La aparición de esas piezas en los registros ha agravado la situación judicial del expresidente socialista y ha ampliado el alcance de una investigación que ya no se limita al rescate de Plus Ultra.
La imputación inicial de Zapatero fue recibida en Washington como un «alivio», según fuentes próximas al Departamento de Estado citadas por Vozpópuli. En la Administración Trump existía desde febrero cierto escepticismo sobre la posibilidad de que la causa avanzara en España sin interferencias políticas. El temor era que el peso institucional del expresidente y su influencia dentro del PSOE pudieran condicionar el procedimiento o alimentar el relato de una persecución política.
El Departamento de Estado habría seguido durante meses los desplazamientos de Zapatero a Caracas, así como su red de contactos en Venezuela. Los informes norteamericanos citados por el mismo periódico aluden también al comisario jubilado Segundo Martínez, jefe de seguridad de Moncloa durante los mandatos de Zapatero, como «sujeto de interés». Esa mención apunta al conocimiento de Washington sobre la estructura de influencia atribuida al exjefe del Ejecutivo.
El fondo político de la investigación supera el rescate de Plus Ultra. Estados Unidos sitúa a Zapatero en el centro de una red internacional de influencia ligada al chavismo, con especial atención a su papel como interlocutor de la dictadura venezolana y a su actividad en foros vinculados a la izquierda internacional. Su proximidad al régimen bolivariano ha sido una de las claves de su proyección exterior desde que abandonó La Moncloa.
Las pesquisas norteamericanas se conectan, además, con las investigaciones abiertas sobre los vínculos entre la cúpula chavista y redes del narcotráfico. Una de las líneas señaladas por Vozpópuli es la demanda presentada en Florida el 14 de agosto de 2025 al amparo de la Ley Rico, una norma utilizada en Estados Unidos para perseguir organizaciones corruptas y estructuras vinculadas al crimen organizado.
Zapatero figura, según esa información, en una lista de 64 personas investigadas en Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el régimen chavista. El expediente, ligado a un tribunal federal de Nueva York, incluiría también a otros dos españoles y a referentes de la izquierda internacional a los que se atribuye una intensa labor de influencia para otorgar apariencia democrática a la dictadura venezolana en foros globales.
