El Gobierno de Canarias tiene bajo su tutela a aproximadamente 5.500 menas en estos momentos, de los cuales cerca de 2.000 alcanzarán la mayoría de edad este año (36,4%), quedando en libertad con independencia de su situación económica y social. Al convertirse en adultos, dejan de estar bajo la responsabilidad del Ejecutivo canario. Sin embargo, este tiene planes para acogerlos y prepararlos para la vida adulta. Aunque la participación en estas iniciativas es opcional y la gran mayoría opta por rechazar estas ayudas.
Sin empleo y, la gran mayoría, sin apoyo familiar, se enfrentan a una situación de vulnerabilidad que a menudo es paliada con la entrada en guetos que acaban derivando en el aumento de inseguridad de determinados barrios. Al estar en la calle, la institución a la que pueden acudir en busca de ayuda es el ayuntamiento de la localidad donde residen, pero para iniciar los trámites burocráticos se les exige estar empadronados en una vivienda que no poseen. Así, muchos se encuentran atrapados en un ciclo sin salida, terminando en la indigencia, durmiendo en casas o naves abandonadas o cometiendo delitos.
La directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, Juan de la Rosa, explicó que, al ser adultos, no pueden obligarles a ingresar en los programas, y muchos eligen otros caminos, ya sea porque desean salir de Canarias o porque no quieren acatar las normas de los pisos de emancipación. En 2023, se atendió a 583 jóvenes de entre 17 y 21 años en estos programas, que incluyen a jóvenes que han construido sus vidas tras pasar por los centros de acogida y se han convertido en referentes para los más jóvenes. Sin embargo, fueron miles los que estaban comprendidos en esa edad y lo rechazaron.
A pesar de la emergencia humanitaria que se vive en las Islas debido a la incesante llegada ilegal de inmigrantes, el colapso del sistema de acogida de menores y el alto porcentaje de chicos cerca de la mayoría de edad, el Estado no ha propuesto ninguna medida para evitar que muchos jóvenes queden en las calles de España al cumplir los 18 años pese a conocer datos como el porcentaje de encarcelados que les advierte del incremento en la inseguridad. De esta manera, el Gobierno de España deja la gestión de la crisis migratoria en manos de Canarias. Según De la Rosa, algunos jóvenes que quedan fuera del sistema de protección de menores buscan ayuda en los recursos para adultos y, en muchos casos, son atendidos.
El Gobierno de Canarias también colabora con las embajadas de los países de origen de los inmigrantes para acelerar los trámites de su documentación. Pero no todos los países lo ponen fácil. En los centros de menas se les gestionan los papeles necesarios para que cuenten con documentación en regla, pero obtener la tarjeta que les permite trabajar puede tardar meses, cerrándoles las puertas del mercado laboral.
