La obtención del certificado de vulnerabilidad aglutina el 60% de las consultas de los inmigrantes ilegales que buscan acogerse al proceso excepcional de regularización puesto en marcha por el Gobierno a mediados de abril, según ha adelantado ElEconomista.
Este documento se ha convertido en el principal escollo dentro del procedimiento, según un informe elaborado por la compañía Legálitas. La dificultad radica, sobre todo, en la falta de citas disponibles para tramitarlo, lo que provoca demoras que pueden alargarse durante semanas o incluso meses.
Quienes desean obtener este certificado deben acudir a servicios sociales municipales o a organizaciones no gubernamentales (ONG) habilitadas. Sin embargo, la elevada demanda y la limitada capacidad de atención están ralentizando el proceso, generando incertidumbre entre los solicitantes.
Más allá de este requisito, el segundo gran bloque de dudas se refiere a cómo demostrar el tiempo de permanencia en España, que representa un 25% de las consultas. Para acceder a esta regularización, es necesario acreditar que se residía en el país antes del 1 de enero de 2026 y que se ha permanecido al menos cinco meses de forma continuada. No obstante, muchas personas en situación ilegal carecen de documentación habitual como contratos, cuentas bancarias o empadronamiento estable.
Ante esta carencia, se recurre a alternativas como justificar gastos periódicos, siendo un ejemplo habitual la recarga del abono transporte, al tratarse de un registro verificable y recurrente.
Otro de los aspectos que genera inquietud es el certificado de antecedentes penales, que concentra cerca del 10% de las consultas. La normativa permite iniciar el trámite sin este documento, siempre que el solicitante declare carecer de antecedentes y aporte un comprobante de haberlo solicitado. En estos casos, el expediente queda en pausa mientras el Ministerio de Justicia intenta recabar la información por vía diplomática.
Este procedimiento puede prolongarse hasta tres meses, tras los cuales, si no se ha obtenido respuesta, se exige al interesado que aporte el certificado en un plazo adicional de quince días, lo que añade más incertidumbre al proceso.
Por último, un 5% de las consultas corresponde a cuestiones más generales sobre los requisitos o la tramitación, especialmente entre solicitantes de asilo que desconocen qué formulario deben presentar —como los modelos 031 o 032— o si su situación les permite acogerse directamente a esta vía extraordinaria de regularización.
