Las primeras semanas de la «regularización» masiva de inmigrantes ilegales impulsada por el Gobierno han provocado un escenario de «lío», «confusión» e «improvisación» en las oficinas de Correos, según denuncian los propios trabajadores. La empresa pública se ha convertido en una de las principales ventanillas para tramitar las solicitudes, pero la falta de planificación y de directrices claras ha generado errores en la admisión de expedientes que podrían afectar a miles de casos.
Desde el pasado 20 de abril, unas 350 oficinas de Correos comenzaron a gestionar citas para un proceso que aspira a regularizar a más de medio millón de extranjeros. Según fuentes sindicales citadas por 20minutos, se están recibiendo alrededor de 3.500 solicitudes diarias y ya se han tramitado entre 31.000 y 32.000 expedientes. Sin embargo, esa avalancha ha llegado acompañada de instrucciones cambiantes y, en muchos casos, contradictorias.
Los empleados denuncian que iniciaron el proceso «con instrucciones erróneas y no subsanadas de forma clara», lo que obligó a gestionar expedientes «sobre la marcha». La dirección de Correos remitió un primer manual el 15 de abril que contenía fallos relevantes: limitaba la admisión a pasaportes en vigor —cuando posteriormente se permitió aceptar documentos caducados— y omitía la exigencia de antecedentes penales en determinados supuestos, pese a ser un requisito legal imprescindible.
La situación se agravó cuando la empresa intentó corregir esos errores con un segundo documento desactualizado, fechado en 2018, lo que llevó a muchas oficinas a seguir aplicando las primeras instrucciones. «Las oficinas se enfrentaban a un día de arranque caótico«, denuncian los sindicatos, que critican que cambios clave se comunicaran «enmarañados en varios documentos» sin una guía clara.
No fue hasta una semana después cuando se emitieron directrices definitivas, aclarando que los antecedentes penales debían exigirse en todos los casos y que los pasaportes caducados sí eran válidos. Para entonces, según los trabajadores, ya se había producido una «brecha en la admisión de solicitudes»: se aceptaron expedientes sin certificados de penales y se rechazaron otros por llevar documentación que posteriormente se consideró válida. «Sólo con que se hubieran admitido dos por oficina, estaríamos ante cientos de casos», advierten.
A estos fallos se suma otro problema de especial gravedad: la gestión de datos personales. Durante al menos una semana, los empleados tramitaron solicitudes sin recabar el consentimiento expreso de los inmigrantes ni haber firmado ellos mismos los compromisos de confidencialidad. Según denuncian, no fue hasta el 28 de abril cuando se dispuso de la documentación legal necesaria, lo que deja en entredicho el tratamiento de miles de datos sensibles.
«El caos es evidente«, señalan las fuentes consultadas, que acusan a la dirección de Correos de negligencia en un proceso que afecta a cientos de miles de personas y que exige garantías jurídicas básicas.
El Gobierno, por su parte, defiende la regularización masiva como una medida necesaria para dar salida a la situación de los inmigrantes ilegales que ya residen en España. Asegura que el proceso se desarrolla «dentro de lo previsto» y que los ajustes forman parte del despliegue inicial. Sin embargo, la falta de coordinación y de recursos ha provocado cuellos de botella en puntos clave como las oficinas de Correos.
El procedimiento, abierto hasta el próximo 30 de junio, está dirigido a extranjeros presentes en España antes del 1 de enero de 2026 que acrediten al menos cinco meses de estancia continuada y carezcan de antecedentes penales. Mientras tanto, el arranque del proceso deja un balance marcado por errores administrativos, incertidumbre y una gestión que los propios trabajadores califican de improvisada.
