El 85% de las concesiones del régimen de semilibertad aplicado a través del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario han recaído sobre miembros de la organización terrorista ETA, pese a que este colectivo representa apenas un 8% del total de la población reclusa en las cárceles del País Vasco. Los datos evidencian un patrón en la política penitenciaria que concentra los beneficios en condenados por delitos de terrorismo, muchos de ellos sin haber mostrado arrepentimiento público.
En los últimos meses, varios históricos dirigentes de ETA han accedido a este régimen flexible. Entre ellos figuran Garikoitz Aspiazu, conocido como «Txeroki«, y Soledad Iparraguirre, alias «Anboto«, ambos con responsabilidades directas en la estructura y actividad criminal de la banda. A ellos se suma el caso reciente de Ángel María Tellería Uriarte, condenado por su participación en el asesinato de la primera mujer policía víctima de ETA en 1981, que ha pasado a situación de semilibertad tras cumplir sólo nueve años de condena.
El artículo 100.2 permite flexibilizar el régimen penitenciario sin necesidad de acceder al tercer grado, lo que facilita salidas regulares de prisión bajo determinadas condiciones. Sin embargo, su aplicación masiva a condenados por terrorismo ha generado controversia por el perfil de los beneficiados y la ausencia, en muchos casos, de signos de arrepentimiento o colaboración con la Justicia.
Los datos reflejan que esta medida, diseñada como instrumento excepcional dentro del sistema penitenciario, se ha concentrado de forma desproporcionada en un grupo muy reducido de internos, precisamente aquellos responsables de los delitos más graves, incluidos asesinatos múltiples.
Este escenario reabre el debate sobre los criterios aplicados en la política penitenciaria y el alcance de los beneficios concedidos a condenados por terrorismo, en un contexto en el que parte de las víctimas y de la sociedad reclaman garantías de memoria, justicia y reparación frente a quienes formaron parte de la organización terrorista.
